“La reforma raya en lo iliberal”. La frase del senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, abrió durante los últimos días un debate que excede la discusión técnica sobre la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast.
Este lunes, el propio Presidente fue consultado en Radio Infinita sobre esa caracterización y la rechazó.
“No, no es iliberal. Pero es un debate legítimo”, respondió Kast.
Pero, ¿qué significa exactamente que una política, un gobierno o una democracia sea “iliberal”?
¿Qué es el iliberalismo?
En términos simples, el iliberalismo describe una forma de ejercer el poder que puede mantener instituciones democráticas como las elecciones y el sufragio, pero que al mismo tiempo tensiona o debilita algunos de los límites que caracterizan a una democracia liberal.
Entre ellos se encuentran la separación de poderes, la independencia de los tribunales, las libertades individuales, el pluralismo político, la libertad de prensa y los contrapesos al poder del Ejecutivo.
El concepto fue popularizado en 1997 por el politólogo y periodista estadounidense Fareed Zakaria, quien planteó una distinción entre democracia —entendida principalmente como la elección de gobernantes mediante el voto— y liberalismo constitucional.
Por eso, un sistema puede continuar celebrando elecciones competitivas y, al mismo tiempo, experimentar un deterioro de los controles institucionales sobre quienes gobiernan.
El caso más citado es el de Viktor Orbán en Hungría, quien incluso ha utilizado públicamente la expresión “democracia iliberal” para describir su proyecto político.
¿Por qué el concepto aparece ahora en Chile?
La discusión surgió a propósito de la reforma constitucional de seguridad presentada por el Gobierno, que contempla la creación de un nuevo estado de excepción para enfrentar situaciones vinculadas al crimen organizado.
La propuesta ha provocado reparos tanto en la oposición como entre algunos sectores oficialistas por las atribuciones extraordinarias que podría entregar al Ejecutivo y la extensión de esas facultades antes de requerir nuevos controles políticos.
Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde Evópoli.
Cruz-Coke sostuvo durante el fin de semana que el proyecto “raya en lo iliberal” y cuestionó que la respuesta frente a la crisis de seguridad implique entregar atribuciones demasiado amplias al Presidente.
Para el senador, las reglas constitucionales deben construirse considerando no solo quién gobierna actualmente, sino también quién podría ejercer esas facultades en el futuro.
“Siempre hay que pensar la legislación y los cambios constitucionales como si estuvieran en manos de tu peor adversario o enemigo político”, afirmó.
Joignant: “Una idea política iliberal”
El concepto también fue abordado por el sociólogo y académico Alfredo Joignant, quien vinculó directamente el debate sobre el iliberalismo con la reforma impulsada por Kast.
En una columna publicada en El País, Joignant sostuvo que uno de los riesgos de los procesos iliberales es que no necesariamente comienzan con una ruptura abrupta de la democracia.
Por el contrario, pueden desarrollarse gradualmente desde las propias instituciones, mediante la concentración de atribuciones o el debilitamiento progresivo de los contrapesos al Ejecutivo.
Según el académico, la propuesta de seguridad del Gobierno “revela una idea política iliberal” y podría constituir, a su juicio, una primera señal de un proyecto de esas características.
Se trata, sin embargo, de una interpretación política de la reforma y no de una definición jurídica sobre el Gobierno de Kast.
Kast: “No es iliberal”
El Presidente rechazó este lunes que la iniciativa pueda ser caracterizada de esa manera y defendió que las críticas forman parte de un debate legítimo.
“Yo no tengo por qué entrar en un debate con Luciano Cruz-Coke (…) Él tiene una opinión. Esta reforma, a él, como está, no le gusta”, señaló en Radio Infinita.
Kast también remarcó que el proyecto no está cerrado y puede experimentar modificaciones durante su discusión legislativa.
“¿Se puede cambiar? Lógico que se puede cambiar”, afirmó.
“Toda reforma, toda ley, puede sufrir cambio. Y para eso está el Poder Legislativo. Yo no le veo mayor drama”, agregó.
El fondo del debate: seguridad versus límites al poder
La discusión sobre el carácter “iliberal” de la reforma no gira únicamente en torno a una etiqueta política.
En el fondo, plantea una pregunta más amplia: hasta dónde puede llegar el Estado para combatir el crimen organizado sin debilitar los controles que limitan el ejercicio del poder.
El Gobierno sostiene que las nuevas herramientas son necesarias para enfrentar fenómenos de seguridad que las instituciones actuales no logran contener adecuadamente.
Sus críticos, en cambio, advierten que algunas de esas facultades podrían resultar excesivas y que cualquier herramienta creada para enfrentar una emergencia debe evaluarse también considerando cómo podría ser utilizada por futuros gobiernos.
Ese será precisamente uno de los ejes de la discusión que ahora deberá desarrollarse en el Congreso, donde la reforma puede ser modificada antes de enfrentar sus respectivas votaciones.
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