(EFE) – El presidente Gabriel Boric entregó este lunes a familiares de víctimas de la dictadura las llamadas ‘carpetas de calificación’, unos archivos hasta ahora reservados que contienen los antecedentes que permitieron calificar oficialmente como víctimas a ejecutados y desaparecidos durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
“Esta documentación representa un patrimonio y parte de la memoria de las familias, la comunidad y el país en general, y su entrega busca reconocer la lucha sostenida por las personas y las organizaciones para alcanzar verdad y justicia, y destacar el rol que tuvieron al entregar antecedentes a las comisiones de verdad”, señaló la Presidencia en un comunicado.
La documentación, que incluye antecedentes personales, testimonios, informes y resoluciones administrativas, fue producida y acumulada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, ambas creadas durante la transición a la democracia, que investigaron de manera extrajudicial las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
? En el Día Internacional de los Archivos, el Estado de Chile dio un paso histórico por el derecho a la verdad y la memoria: se inició la entrega de las Carpetas de Calificación a familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución política https://t.co/YOwDsBrtz5? pic.twitter.com/Nnd4p3AHN0
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) June 9, 2025
Para acreditar los crímenes, se contó con documentación de organizaciones de la sociedad civil, testimonios de familiares y sobrevivientes, así como material reunido por los propios equipos de investigación de la Comisión y la Corporación.
El archivo producido por las comisiones de verdad, que incluye esta serie documental, fue declarado en 2022 Monumento Nacional, en la categoría de Monumento Histórico, por su valor histórico y simbólico para la memoria del país.
Esta primera entrega de carpetas, que coincidió con motivo del Día Internacional de los Archivos, fue anunciada por Boric en agosto de 2024 y es parte del Plan Nacional de Búsqueda, una inédita estrategia en la que por primera vez el Estado chileno está a cargo de buscar a las personas detenidas desaparecidas.
La dictadura de Pinochet dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales.
Hasta ahora ha habido decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet, quien, sin embargo, murió en 2006 a los 91 años de edad sin ser condenado por su responsabilidad en los crímenes.
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