El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respaldó la intención de llevar al Gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en caso de que se revoquen las pensiones de gracia del estallido social a personas con condenas o antecedentes penales. Esto, a raíz de la propuesta de la diputada María Candelaria Acevedo (PC) en la Comisión de Desarrollo Social.
En diálogo con El Mercurio, Carmona fue enfático en señalar que la parlamentaria “tiene una palabra en esto muy autorizada” porque “fue detenida por la CNI, desaparecida, y para que apareciera su padre tuvo que quemarse a lo bonzo. La diputada sabe de cosas mayores, de cosas más grandes... ¡Respétenla! Eso le diría a los demás”.
“Creo que es una palabra muy autorizada y respaldo la formulación que hizo“, sentenció.
Sobre la revocación de los beneficios, apuntó a que “el Estado no puede rebajarse al nivel de un delincuente”, y que lo mínimo que puede hacer es “intentar reparar el daño causado por un agente del Estado”.
Pensiones son para “reparar un daño causado por instituciones del Estado”
“Para que alguien postule a una pensión de gracia vinculada a un tema de una movilización social, es que el Estado de Chile haya atropellado sus derechos humanos, porque las pensiones de gracia están hechas en ese plano: para reparar un daño causado por instituciones del Estado“, explicó.
Carmona señaló que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es quien “califica y propone”, y luego quien evalúa las presentaciones que se hacen es el Ministerio del interior, “y tienen que hacerlo bien”.
“Nadie puede pasarles gato por liebre; yo no estoy porque alguien se lleve pensiones de gracia sin tener derecho a ellas. Pero lo otro, dado que es un delincuente, ¿le vamos a atropellar sus derechos? No puede ser. El Estado no es delincuente”.
Y agregó: “¿Usted cree que si le revoca la pensión de gracia que le dio porque el Estado transgredió sus derechos, al revocársela, como ahora, es delincuente, vuelve a recuperar el ojo o ahí libra piola el Estado? No puede“.
Respecto a las revocaciones administrativas del Gobierno, el líder comunista señaló que el Ejecutivo “puede hacerlo y tiene que evaluar (en) un informe si es meritorio o no la pensión de gracia”.
Si eso no ocurre, “habría que hacer un nuevo reglamento que dijera ‘tendrán derecho a una pensión de gracia todos aquellos chilenos que demuestren que el Estado transgredió sus derechos humanos siempre y cuando no sea delincuente‘. Tendría que decir eso”.
“Yo no sé quién se atreve a hacer eso, eso es una rebaja civilizatoria“, concluyó.
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