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Polémica ha generado la iniciativa del gobierno de Sebastián Piñera de enviar una nota diplomática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que le solicita respetar la “autonomía” de los países y que sus sentencias también consideren “la realidad de los Estados”.

El texto ha generado cuestionamientos por parte de la oposición, e incluso el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, fueron citados a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para entregar explicaciones.

En conversación con CNN Chile, Larraín se refirió a la iniciativa y señaló que el documento “busca hacer sugerencias respecto a la forma en que está operando la corte, logrando mayor autonomía de los poderes del Estado”.

Principalmente aseguró que la carta, a la que también suscribieron Brasil, Argentina, Paraguay y Colombia, apunta hacia la debida subsidiareidad en el sistema, “de manera que lo que corresponda a un estado para velar por la vulneración de los derechos humanos no sea incompatible ni se traslade con lo que tiene que hacer la Comisión“.

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Además, con respecto a las críticas realizadas por la oposición, Larraín señaló que “reaccionaron sin saber lo que estábamos haciendo” y además hizo un llamado: “Pido un poco más de responsabilidad a la oposición, sin saber lo que estaban hablando nos acusaron de querer debilitar el sistema de derechos humanos, y muy por el contrario, lo que queremos es fortalecerlo”.

Finalmente, el ministro aseguró que actualmente existen “6.900 situaciones que están pendientes de resolución en la comisión y la corte“, y que “no han podido avanzar debido a que han abarcado mucho, se han metido en temas que no son los propios que le corresponden, y eso lo que hace es que el trabajo no se despache”.

El caso Corte de Apelaciones de Rancagua

El ministro de Justicia también se refirió a la investigación en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua por tráfico de influencias, y afirmó que “no cabe duda que estamos frente a algo extraordinariamente grave”, y que por lo mismo, desde su cartera están trabajando “para presentar al Presidente un conjunto de ideas para mejorar esto”.

La principal preocupación, agregó, es la forma en que se designan los jueces, debido a que “se presta para que todos los que llegan arriba no son los que deberían estar”, y que ahí radica la importancia de asegurar otros mecanismos que otorguen mayor transparencia.

Finalmente, consultado ante los dichos del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, quien aseguró que se le ofreció la Subsecretaría de Prevención del Delito, Larraín descartó tener “ningún antecedente sobre un ofrecimiento como ese”.

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