Pobladores de casi todas las comunas de la Región Metropolitana pudieron expresarle a la ministra de Vivienda, Paulina Saball, sus problemas habitacionales. El hacinamiento y subsidios otorgados a vecinos, pero que no tienen un terreno de construcción, fueron los principales preocupaciones expresados por los participantes del encuentro.
Pidieron que se derogue el decreto de ley 49, que rige los programas de vivienda social para los sectores más vulnerables, ya que permite la entrega de subsidios sin un proyecto definido.
Por su parte, la secretaria de Estado aseguró que uno de los principales desafíos es realizar un ordenamiento territorial que incorpore espacios para viviendas sociales.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.