Luego del brutal asesinato de los tres carabineros en la Provincia de Arauco, el Senado suspendió la semana regional con el fin de dar mayor celeridad a la tramitación de la iniciativa que refunde cinco proyectos que determinan conductas terroristas.
Para las 9:30 horas de este martes está programada la sesión de la Comisión de Constitución del Senado en la que comenzará el estudio en particular de las 42 indicaciones que buscan reformar la Ley Antiterrorista.
Tras el brutal asesinato de los tres carabineros en Cañete, en la Provincia de Arauco (Región del Biobío), la Cámara Alta, a través de su mesa directiva y los comités parlamentarios, acordó suspender la semana regional para que las comisiones de Constitución, Seguridad Pública y Defensa tramiten iniciativas puntuales.
De este modo, la Comisión de Constitución hará el estudio en particular a partir de esta jornada. Esto para dar mayor celeridad a la tramitación legislativa de la iniciativa que refunde cinco proyectos que determinan conductas terroristas.
Si el proyecto es despachado a Sala, se citaría a una sesión especial para el próximo jueves 2 de mayo, entre las 16:00 y 19:00 horas.
La medida que determina conductas terroristas, fija su penalidad y deroga la Ley 18.314, más conocida como Ley Antiterrorista, fue discutida inicialmente por la Comisión de Seguridad Pública y luego aprobada en general por la Sala el pasado 5 de marzo, oportunidad en la que se fijó como plazo para presentar indicaciones el 28 de marzo.
El proyecto es el resultado de la fusión de cuatro mociones parlamentarias y un mensaje del Ejecutivo presentado el año pasado. Actualmente, consta de 16 artículos permanentes y dos artículos transitorios.
Entre las propuestas de modificaciones, se plantean aumentar penas para quienes recluten a menores para cometer ilícitos de corte terrorista, además de nuevas definiciones para lo que se considerará asociación terrorista, y se propone que no se apliquen penas sustitutivas a las privativas de libertad en estos casos.
Asimismo, se plantea que la asociación criminal para cometer crímenes de lesa humanidad o genocidio sea sancionada como asociación terrorista.
Otra indicación sugiere que el fiscal pueda disponer que determinadas actuaciones sean mantenidas en secreto cuando existe riesgo para la vida de los testigos protegidos.
También se plantea un artículo nuevo en que se regula el tratamiento especial a víctimas y testigos, así como normas de reparación a las víctimas.
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