La acusación de colaboración en el secuestro del exteniente Ronald Ojeda, difundida por un medio venezolano, ha desatado controversia. El subsecretario Monsalve, ha negado rotundamente estas afirmaciones, desencadenando un debate político sobre la relación entre ambos países y la gestión del Gobierno. La situación ha generado exigencias de transparencia y claridad por parte de la oposición.
Este lunes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, rechazó enfáticamente las acusaciones publicadas en el diario venezolano y opositor al régimen de Nicolás Maduro, La Razón, que sugerían la colaboración del Gobierno chileno en el secuestro del exteniente Ronald Ojeda Moreno.
“Si me pregunta cómo califico esa publicación, la califico de una total mentira“, afirmó Monsalve durante esta mañana.
Las acusaciones se centraron en el viaje que el subsecretario realizó a Caracas en enero pasado para suscribir un convenio policial entre ambos países.
Según el diario venezolano, Monsalve se reunió con varias entidades, incluida la Dirección General de Contrainteligencia Militar, organismo que, según el medio, solicitó la colaboración de Chile para la captura de Ojeda.
“No es un convenio de colaboración política, es un convenio en el cual las policías, la Policía de Investigaciones (PDI), por el lado de Chile, y el Cuerpo de Investigación Policial, en el caso venezolano, intercambian información que permita identificar líderes de organizaciones criminales“, explicó Monsalve.
El diputado Henry Leal (UDI), sostuvo que las afirmaciones del medio son “poco creíbles porque significaría lo contrario, que hay actividades que están cometiendo delitos graves. Pero también demuestra que la pasividad y el silencio con que actuaba el Gobierno lleva a especulaciones“.
“Le he pedido al presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana que invite a la ministra Interior y al subsecretario Monsalve para que expliquen este convenio. ¿En qué benefició a Chile?”, cuestionó Andrés Jouannet, diputado de Amarillos por Chile.
Mientras tanto, la familia de Ronald Ojeda ha alzado la voz en medio de la polémica, solicitando la colaboración de las autoridades chilenas y denunciando una violación a los derechos humanos en el caso.
“Este Gobierno ha respondido, ha tramitado la situación de una manera muy rápida“, indicó en tanto, Javier Ojeda, hermano del exmilitar.
Sin embargo, la gestión del Ejecutivo no ha sido suficiente para la oposición, ya que la UDI exigió una reunión con las ministras de Defensa, Maya Fernández, y del Interior, Carolina Tohá, mientras que otros emplazaron al Gobierno a tomar acciones a nivel diplomático.
Por otro lado, el senador Rojo Edwards exigió “retirar en el acto al embajador Gazmuri de Venezuela. El subsecretario Monsalve debe aclarar si Chile entregó o no información sobre este exteniente y la izquierda debe terminar con un doble estándar escandaloso al ni siquiera condenar al narco dictador Maduro”.
Por su parte, el Gobierno ha instado a no politizar la investigación y ha expresado su compromiso con la rápida tramitación del caso.
“El que tiene la información, el que suscribió el convenio con Venezuela, el que tiene un subsecretario en el Ministerio de Defensa de un partido que defiende las relaciones políticas con Venezuela, es este Gobierno”, cuestionó el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya.
Sus dichos surgen luego de los dichos de Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del PC y asesor de la Subsecretaría del Interior, quien acusó a la derecha de buscar dañar las relaciones entre Chile y Venezuela, calificando las acusaciones del sector contra el Gobierno como “infundadas”.
En ese contexto, el presidente del PC, Lautaro Carmona, coincidió con Lagos, cuestionando el “¿por qué habría de convenirle esto a Venezuela? Por qué habría de no existir la hipótesis de todas las que hay de una provocación de marca mayor”.
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