La investigación se inició luego de que el Ministerio Público recibiera una carta de denuncia por parte de los diputados René Alinco, Marcia Raphael y Miguel Calisto, pidiendo esclarecer la relación que existe entre la casa de estudios y la polémica fundación.
La Fiscalía Regional de Aysén inició esta jornada una investigación para aclarar y determinar eventuales delitos en el traspaso de recursos estatales entre el Gobierno Regional (Gore) y la Universidad Estatal de Aysén a las fundaciones Democracia Viva y ProCultura.
La investigación se inició luego de que Fiscalía recibiera una carta de denuncia por parte de los diputados René Alinco, Marcia Raphael y Miguel Calisto, pidiendo esclarecer la relación que existe entre la casa de estudios y Democracia Viva.
Según el documento, los parlamentarios pidieron investigar si la Universidad de Aysén efectuó pagos de honorarios o gastos de traslado y estadía u otros gastos a trabajadores de Democracia Viva. Esto teniendo en cuenta que la fundación realizó una escuela de verano en el recinto de educación superior.
“Se solicita que se determine la legalidad de la contratación de la Fundación Democracia Viva, si esta respondió a la normativa pública, es decir, si fue por licitación pública, invitación a participar o en su haber, trato directo, y todos los gastos y pagos relacionados”, sostiene el documento.
La misiva pide que se aclare el traspaso de más de $1 millón como parte de un convenio suscrito entre el Gore de Aysén y Fundación ProCultura.
Además, pidieron saber de qué forma esta organización llegó a presentar su propuesta al Consejo Regional, teniendo en cuenta que una semana después ProCultura recibió $1.500.00 del Gore de Magallanes para efectuar “el Programa de habilitación social en Porvenir”, consignó Radio Biobío.
“Se solicita que se investigue los antecedentes que llevaron a la gobernadora regional de Aysén, Andrea Macías, y al Consejo Regional de Aysén aprobar $1.673.000, a la Fundación Procultura”, agregan en relación con el asunto.
Esta es la novena región en donde el Ministerio Público inicia una investigación por convenios suscritos entre el Estado y fundaciones.
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