El nuevo fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, abordó las complejas situaciones de violencia que se vive en la zona.
En entrevista con La Tercera, el abogado aseguró que uno de los desafíos que tendrá en su cargo será “enfrentar un fenómeno criminal que no se presenta en otras regiones, como los delitos asociados a la violencia rural. No obstante, no representa cuantitativamente el número más relevante, (pero) sí abarca gran cantidad de nuestros recursos”.
Respecto a poder lograr la ansiada paz social por parte de la comunidad, Garrido afirmó que “estaremos cooperando para que ese objetivo se logre, yo tengo confianza en que desde el Ministerio Público vamos a contribuir en un objetivo que no sólo depende de nosotros, pero sabemos que nuestro rol es relevante para ello”.
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En cuanto a los diversos cuestionamientos que hay sobre el Ministerio Público de parte agrupaciones, en cuanto a desbaratar a los grupos que actúan en la zona, el fiscal regional apuntó que “las primeras críticas surgen de nuestra propia institución, somos bien autocríticos de nuestros procedimientos y procesos de trabajo, por eso los estamos revisando de forma permanente. Lo que las personas tienen que tener claro es que el rol del Ministerio Público es la dirección de la investigación y el deber que pesa sobre la institución es poner a disposición todos los medios que estén a nuestro alcance”.
“En la labor del Ministerio Público no está la prevención, ni el terminar con el fenómeno del que se deriva la violencia rural. Lo que sí tenemos que hacernos cargo es de las manifestaciones criminales que este fenómeno tiene”, añadió.
Sobre la clave para terminar con la llamada violencia rural, el persecutor sostuvo que esto se desprende de las propias indagatorias.
“Aquí hay financiamiento, y me parece importante abocar nuestro trabajo en encontrar quiénes están detrás de esto. Si logramos detectar de dónde viene el financiamiento de estos actos de violencia, vamos a poder desbaratar a estos grupos de violentistas y así llevar a todos los responsables ante la justicia”, dijo.
Además, explicó que “el poder de fuego con el que cuentan” indicaría que se trata de agrupaciones que “de algún lugar sacan dinero para financiar estas actividades”.
Finalmente, aclaró que ningún fiscal es “antimapuche”, como han sido catalogados por algunos voceros de los pueblos originarios.
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“Desde hace muchos años trabajamos reconociendo la multiculturalidad de la región. Por lo tanto, me parece que se enmarcan en defensas de intereses y no corresponden a la realidad. La labor de la fiscalía acá es mucho más que los casos de violencia rural, realizamos un trabajo de atención de víctimas de violencia intrafamiliar con enfoque especial en la multiculturalidad de la región”, indicó.
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