Para el próximo 19 de noviembre quedó fijada la audiencia de formalización contra el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, por delitos contra la salud pública durante la emergencia sanitaria en Chile, luego que asistiera a almorzar a un restaurante de la comuna de San Miguel en medio de la cuarentena.
La fiscal Marcela Cartagena, quien se mantiene a cargo de la investigación, solicitó al 11º Juzgado de Garantía esta audiencia contra Guzmán y quienes lo acompañaron en local, además de los dueños del recinto en cuestión.
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Cabe mencionar que la visita a este local comercial ocurrió el pasado 25 de junio mientras regía la cuarentena obligatoria por la pandemia en el país. Tras dase a conocer el hecho, en primera instancia la Seremi de Salud realizó un sumario y emitió una multa de $2,5 millones contra todos los asistentes y los dueños del restaurante.
Ahora al interior del Senado se discute si suspender o no de sus funciones temporalmente a Raúl Guzmán, quien desempeña un rol como ministro de fe al interior de la Cámara Alta.
Reacciones en el Senado
Este suceso ha provocado diversos cuestionamientos al interior del Senado. Por su parte, la presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz, declaró que “he manifestado hace días la incomodidad por la situación y también he señalado que ante la formalización sería necesario revisar el rol que él (Guzmán) cumple en el Senado“.
Asimismo, destacó que la decisión corresponde a la comisión de régimen interno, la cual discutirá este miércoles la posible suspensión de Guzmán.
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La senadora Jacqueline Van Rysselberghe indicó que “por principios y por convicción creo que las personas tienen derecho a defenderse y uno no puede generar sanciones antes de que haya una condena penal”.
Mientras que el senador Guido Girardi insistió en que “él (Guzmán) representa al ministro de fe del Senado, por lo tanto tenemos que tomar una decisión que sea mejor para el país”.
Gobierno
En tanto, el gobierno se ha querido mantener al margen con las opiniones frente a lo ocurrido.
Al ser consultado el ministro del Interior Víctor Pérez, señaló que actualmente la investigación se encuentra en una etapa preliminar, por lo que “emitir juicios a priori no me parece adecuado”.
Finalmente, estableció que “en el cumplimiento de las normas nadie puede estar exento”.
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