La familia de la haitiana Joane Florvil, demandó al municipio de Lo Prado a más de un año de que la extranjera muriera en un confuso incidente. Este lunes que se llevó a cabo la audiencia probatoria.
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Al respecto el abogado de la Fundación Pro Acceso y representante de la familia de Joane Florvil, Moisés Sánchez, comentó a CNN Chile que todo comenzó cuando “Joane y su marido sufrieron un robo el 29 de agosto de 2017, al día siguiente fueron a la Oficina de Protección de Derechos de la Municipalidad de Lo Prado para preguntar por los documentos”.
Más antecedentes
“En esa instancia Joane dejó al bebé con un guardia y le pidió que se la cuidara. El guardia no le entendió su idioma y Joane buscó un intérprete. En ese momento cerraron la Municipalidad, cuando Florvil volvió no encontró a su hija”, detalló Sánchez.
Agregó que “la discriminación originaria sucedió en el municipio que no dispuso de las medidas para poder comunicarse -con la señora Florvil-, una Oficina de Protección Social que no contó con procedimientos adecuados y que no cumplió instructivos del Sename ya que debían realizar una investigación previa antes de emitir una denuncia criminal -por el supuesto abandono de la lactante-“.
La extranjera falleció el 30 de septiembre de 2017 tras ser acusada de abandonar a su bebé.
“El municipio de Lo Prado trata de afirmar que ellos no tenían ningún tipo de responsabilidad y que no cometieron ninguna infracción, lo que estamos tratando de demostrar es que el municipio no cumplió con los protocolos necesarios“, sostuvo el jurista.
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Nueva audiencia
Para el próximo martes 6 de noviembre quedó fijada la próxima audiencia por el juicio entre la familia de Florvil y la Municipalidad de Lo Padro.
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Moisés Sánchez comentó que lo que esperan los familiares de la fallecida es que se multe al municipio y al alcalde Maximiliano Ríos y que se concreten acciones reparatorias, entre ellas que se expresen excusas a la comunidad haitiana en Chile y que se capacite a los funcionarios municipales de dicha comuna en interculturalidad, consignó Economía y Negocios.
Por Ley Zamudio las multas podrían llegar hasta los $2.400.800.
Otro aspecto grave que comentó el jurista es la separación de la lactante de sus padres, quien “estuvo dos meses en el Sename y luego de una sentencia del Juzgado de Familia de Pudahuel se pudo establecer que no hubo ningún tipo de vulneración de derechos, y al contrario, la jueza en esa instancia dijo que se constató una grave vulneración de derechos de la niña porque no hay sanción más grave y violenta que separar a un hijo de su padre”.
“Por eso aquella magistrada ordenó que el Sename y la Municipalidad de Lo Prado adopten procesos de capacitación en migración e interculturalidad, aquí el sistema falló y eso es lo que queremos demostrar“, sostuvo el abogado de Pro Acción.
Mira la entrevista en el video adjunto.
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