El ministro del Interior sostuvo que la expropiación realizada en San Antonio se ajusta plenamente a la ley y llamó a no confundir diferencias políticas con infracciones constitucionales, luego de que la UDI insinuara una posible acusación contra el titular del Minvu.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que no existe fundamento jurídico para impulsar una acusación constitucional contra el titular de Vivienda, Carlos Montes, tras la decisión del Gobierno de expropiar parte de los terrenos donde se instaló la megatoma de San Antonio. La UDI había señalado que evaluaba esa posibilidad.
Elizalde sostuvo desde el Palacio de La Moneda que la medida cuenta con respaldo normativo. “Una acusación constitucional de esa naturaleza implica alguna infracción constitucional o legal.
En este caso no hay infracción legal”, afirmó, y recordó que la expropiación “es una herramienta que va de la mano con la indemnización correspondiente” y que “el Gobierno del Presidente Piñera la utilizó más veces que el Gobierno del Presidente Boric”.
Lee también: “Gobierno ingresa plan para megatoma de San Antonio: Desalojo gradual afectará a cerca de 5 mil personas“
El ministro recalcó que la legitimidad del debate político no equivale a transgresiones normativas. “Una persona puede tener una diferencia política y puede no compartir esa decisión, pero no puede señalar que es ilegal o inconstitucional”, expresó.
También sostuvo que la expropiación “está regulada en nuestro ordenamiento jurídico” y llamó a distinguir entre críticas y acusaciones infundadas. “Es fácil criticar, pero distinto es buscar soluciones y hacer que esas soluciones sean efectivas”.
Hacia el final, Elizalde llamó a no instalar supuestos que puedan distorsionar el debate público. “En Chile existe libertad de expresión, pero no debemos confundir eso con una supuesta ilegalidad o inconstitucionalidad, que es el fundamento de una acusación constitucional”.
Merco -monitor de reputación empresarial de referencia en Iberoamérica- elaboró su ranking para Chile sobre la base de 61 mil encuestas a diferentes grupos de interés a nivel nacional y un análisis de 200 indicadores de gestión de las diversas compañías.
