Convergencia Social, el partido del presidente Gabriel Boric, se refirió a la polémica en torno a los convenios otorgados por la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, presidida por Daniel Andrade, actual pareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
A través de Twitter, la tienda política calificó la situación como “un grave error político” y solicitó al Tribunal Supremo de Revolución Democrática “una medida cautelar para que las personas involucradas entreguen todos los antecedentes y les sea suspendida su militancia“.
“En el caso en cuestión, la diputada Catalina Pérez solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, para que esta determine si hubiera habido cualquier desapego a la ley, el MINVU decidió con rapidez realizar una investigación al respecto, las personas que suscribieron el respecto convenio han sido desvinculadas del Gobierno. Ella misma ha calificado la situación como un grave error de criterio político y ha indicado que no incidió de forma alguna en el acto, lo cual deberá comprobarse en la investigación llevada adelante por las instituciones respectivas“, expresó la colectividad.
Compartimos Declaración pública de la Dirección Nacional de Convergencia Social sobre el convenio suscrito entre la Seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva pic.twitter.com/kbPod43FjX
— Convergencia Social (@la_convergencia) June 20, 2023
“Reconocemos en las acciones que ha tomado la Dirección Nacional de Revolución Democrática una actitud en la misma línea de transparencia y probidad, al solicitar al Tribunal Supremo del partido una medida cautelar para que las personas involucradas entreguen todos los antecedentes y les sea suspendida su militancia. (…) A diferencia de otras fuerzas políticas que justifican actuaciones ilegales, sancionadas, algunas de ellas reiteradas e íntimamente relacionadas con sus propios partidos, para nosotros y nosotras el apego a la ley es lo mínimo a cumplir, y la conformidad de un acto con la normativa vigente no implica por sí sola un comportamiento adecuado para quienes cumplen funciones públicas“, agregaron.
En esa línea, expresaron que la situación “constituye un grave error político que daña nuestro compromiso ético y debe esclarecerse hasta el último detalle de las circunstancias que llevaron a que se suscribiera. Es necesario que se hagan valer las responsabilidades respectivas, tanto en la justicia ordinaria como en las instancias disciplinarias internas, a la vez que se aseguren condiciones para que este tipo de situaciones no ocurran nunca más”.
Finalmente, expresaron su conformidad con la decisión de la diputada Pérez de suspender su participación en la Mesa Directa de la Cámara de Diputadas y Diputados “para que este conflicto no siguiera enturbiando las relaciones políticas en el Congreso Nacional y sirviendo de excusa a la oposición política para obstruir acuerdos en beneficio de la ciudadanía“.
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