La decisión fue comunicada por el Minvu, quienes señalaron que “debido a las interpretaciones que la opinión pública pudiera hacer de dicho convenio como un posible conflicto de interés”, se instruyó una investigación para “despejar dudas y establecer responsabilidades sobre este tema”. La fundación aludida, Democracia Viva, es actualmente presidida por Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
El secretario regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras, presentó su renuncia debido a la controversia generada por un convenio de $426 millones a la fundación Democracia Viva, presidida por Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
“Lamento mucho no haber previsto la maliciosa malinterpretación y manipulación que se haría de un convenio con una organización sin fines de lucro, con la cual no tengo conflicto de interés alguno. He presentado mi renuncia para evitar que esto se siga utilizando políticamente contra el Gobierno“, publicó el exseremi en su cuenta de Twitter junto a la carta de renuncia.
Lamento mucho no haber dimensionado la maliciosa malinterpretación y manipulación que se haría de un convenio con una org sin fines de lucro, con que no tengo conflicto de interés alguno. Presenté mi renuncia para que esto no se siga utilizando políticamente contra el Gobierno1/2 pic.twitter.com/XlohCSSBnC
— Carlos Contreras Gutiérrez (@Carlosc_antofa) June 17, 2023
En cuanto a los convenios, se firmó el primer contrato con la Fundación Democracia Viva el 3 de octubre de 2022 por un monto de 200 millones de pesos. El propósito de este contrato fue implementar y ejecutar una intervención socio territorial dirigida a las familias que vivían en asentamientos precarios.
Posteriormente, el 27 de octubre del mismo año, se estableció otro convenio por 170 millones de pesos, destinado a la ejecución de un proyecto socio territorial, también dirigido a las familias que residían en asentamientos precarios.
Por último, el 19 de diciembre de 2022 se firmó el último contrato por un monto de 56 millones de pesos. Este tenía como objetivo realizar diagnósticos socios territoriales y formular planes de intervención y acciones sociales y comunitarias en campamentos ubicados en la Región de Antofagasta.
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