Foto: Agencia Uno
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La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, fue denunciada ante Contraloría General de la República pues habría realizado maniobras con el fin de eludir procesos de licitación para el evento de Fiestas Patrias “Maipeluza”.

Así lo señalan los concejales Ariel Ramos (PC), Marcela Silva (PS) y Gonzalo Ponce (PEC) en el requerimiento presentado ante dicho organismo, donde denuncian faltas a la probidad de parte de la edil, según consigna La Voz de Maipú.

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“Nosotros como concejales, en su mayoría, no estuvimos disponibles para aprobar este contrato ni ninguno relacionado con la fiesta debido a que presentamos una serie de observaciones. Es por eso que la alcaldesa toma la decisión de fragmentarlos, de manera tal que no pasen por la aprobación del concejo“, explicó Ariel Ramos a El Desconcierto.

El problema radica en lo que es calificado por los concejales como una transgresión a la normativa relacionada a las compras públicas, establecida en la Ley 19.886. Esta señala que toda compra que supere las 1.000 UTM debe ser realizada vía licitación pública, con algunas excepciones.

Además, dice explícitamente en su Artículo 7°, letra C: “La Administración no podrá fragmentar sus contrataciones con el propósito de variar el procedimiento de contratación“.

Por último, los contratos con montos inferiores a 1.000 UTM, pero superiores a 500 UTM, deberán pasar por la revisión del Concejo Municipal. Siendo menor a este último monto, el trato puede ser directo con el proveedor.

Contratos denunciados

En el caso, llevado a Contraloría por los concejales, son dos los puntos bajo la mira: producción del evento y guardias de seguridad.

Por una parte, la producción del evento requería de torres de iluminación, sistemas de audio, escenario y pantallas LED, para lo cual se establecieron contratos con la empresa Real Audio Sistemas SpA por cifras que fluctúan entre los $11.900.000 y los $16.065.000.

El total asciende a $69.079.500, equivalentes a 1.644 UTM.

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El segundo punto, la seguridad, se acordó con Producciones Juan Garay Lizama Peña EIRL, con contratos que van desde los $18.345.700 hasta los $23.864.160, que respectivamente equivaldrían a 383 y 498 UTM.

En este caso, la suma total llega a los $179.615.840, que a la UTM de septiembre ($47.920) serían 3.748 UTM.

El concejal Gonzalo Ponce, uno de los denunciantes, entregó sus conclusiones: “La comunidad y los concejales no estábamos de acuerdo con hacerlo este año, pero la alcaldesa lo quería impulsar igual. Se dio a entender que no íbamos a estar disponibles para aprobar las compras que tuvieran relación con este evento, por lo tanto, ella no llevó ninguna compra al concejo y todas se hicieron por montos menores a los que necesitan para ser ingresados“.

“En Chile, si acreditan que fragmentaste con la finalidad de eludir la licitación pública, la ley lo considera como infracciones a la probidad que es una de las causales de solicitud de remoción para alcaldes, bajo la tipología de notable abandono de deberes”, aseguró Luis Cordero Vega, abogado experto en Derecho Administrativo de la Universidad de Chile.

Este caso se suma a los ya vividos por la alcaldesa Cathy Barriga, quien ha sido cuestionada tanto por su “Kiki Challenge”, pasando por el libro de la cuenta pública con más de 100 fotos suyas, hasta los gastos que ha tenido su administración.

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