La abogada Vanessa Millán alerta sobre falencias estructurales en los colegios y detalla las vías legales que tienen las familias para denunciar agresiones y exigir el cumplimiento de los derechos de sus hijos.
El reciente caso de agresión contra una estudiante con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Liceo Santa Leonor de Talcahuano volvió a encender las alarmas sobre la violencia escolar y la falta de protección efectiva a estudiantes neurodivergentes.
La menor fue atacada por una compañera mientras docentes presentes no intervinieron.
Este hecho no solo revela la gravedad del acoso escolar, sino también la débil aplicación de la Ley N.º 21.545, también conocida como Ley TEA, que desde 2023 establece garantías de inclusión y protección para personas con esta condición en el sistema educativo.
Pese a la existencia de esta norma, especialistas advierten que la falta de implementación real en los colegios ha dejado a muchos estudiantes en situación de vulnerabilidad.
Para la abogada Vanessa Millán Pantoja, del estudio jurídico Legal y Educa, el problema no radica en la ausencia de legislación, sino en su escasa puesta en práctica.
“La ley TEA obliga a los colegios a garantizar igualdad de oportunidades y actuar ante situaciones de discriminación o violencia. Pero eso no ocurre como debería”, señaló.
Millán advierte que los Programas de Integración Escolar (PIE) suelen funcionar con recursos limitados y sin personal suficiente para atender correctamente a todos los estudiantes que lo requieren.
“Esto no solo afecta a niños con autismo, también deteriora la convivencia escolar en general. Un sistema que no se adapta, termina fallando para todos”, agregó.
La abogada entregó una guía legal clara sobre las herramientas disponibles para los padres o tutores:
Reclamo formal al establecimiento educacional: Lo ideal es dejar constancia escrita —mediante carta o correo— y exigir una respuesta con plazos y medidas concretas.
Reclamo ante la Superintendencia de Educación: Si la escuela no responde adecuadamente, se puede ingresar una denuncia en supereduc.cl, adjuntando pruebas como informes médicos, correos u oficios.
Acción de protección en la Corte de Apelaciones: Ante vulneraciones graves de derechos fundamentales, los apoderados pueden presentar esta acción judicial, dentro de un plazo de 30 días desde el hecho.
Demanda civil: En casos de negligencia o violencia reiterada, se puede solicitar una indemnización por los daños causados, siempre que se demuestre responsabilidad directa del establecimiento.
Para Millán, la solución requiere ir más allá de las denuncias. “Los colegios deben tener protocolos específicos ante casos de violencia, capacitar a sus equipos en inclusión, y hacer ajustes razonables en función de cada estudiante”, sostuvo.
Además, recordó que las instituciones tienen el deber legal de cumplir con la Ley de Inclusión Escolar, la Ley TEA y las normativas emitidas por la Superintendencia de Educación.
El caso en Talcahuano no es un hecho aislado. De acuerdo con datos de la Superintendencia, los reclamos por situaciones de violencia escolar han ido en aumento en los últimos dos años, muchos de ellos vinculados a estudiantes con necesidades educativas especiales.
El desafío, dicen los expertos, es garantizar que el compromiso del Estado con la inclusión educativa no se quede solo en el papel.
Merco -monitor de reputación empresarial de referencia en Iberoamérica- elaboró su ranking para Chile sobre la base de 61 mil encuestas a diferentes grupos de interés a nivel nacional y un análisis de 200 indicadores de gestión de las diversas compañías.
