A siete años de la muerte de Antonia Barra: La íntima historia de la lucha familiar detrás de la ley que lleva su nombre

Sobre un mueble de madera, en el living de una casa en Temuco, dos fotografías de gran tamaño presiden un espacio lleno de recuerdos familiares. A la izquierda, Antonia Barra Parra sonríe con un jockey azul. Justo debajo, su madre conserva los pequeños zapatos negros que usaba cuando era guagua, rodeados de muñecas, figuras decorativas y otros objetos. A su lado está el retrato de Sebastián, otro de sus hijos, fallecido en 2024. Afuera, un lienzo exige justicia. Siete años, dos juicios y una ley después, la familia también recuerda a la niña que, junto a su hermana, organizaba espectáculos de baile y cobraba entradas a sus familiares.

Son las 20:30 del lunes 12 de octubre. Llueve sobre Temuco, pero la casa está cálida. Marcela Parra (58), Alejandro Barra (61) y Carla (41), su hija mayor, conversan junto a una mesa de madera con torta y galletas. Ignacia (21), la menor, escucha mientras le trenza el cabello a Carla.

Al día siguiente, se cumplen siete años desde que Antonia murió por suicidio a los 20 años, semanas después de sufrir un abuso y una violación en Pucón a manos de Martín Pradenas Dürr, quien en ese entonces tenía 28 años. La conversación, sin embargo, remonta mucho antes del paso por tribunales.

La “Anto” que recuerdan

—Con su hermana Catalina siempre nos hacían show —cuenta Marcela, que lleva al cuello un collar con cinco siluetas, una por cada hijo.

A los seis o siete años, Antonia preparaba coreografías los sábados, cuando su padre regresaba de su trabajo en Santiago. Las niñas elegían vestuario, ordenaban las sillas y fabricaban entradas para la familia.

—Teníamos que pagar para ver su show —recuerda su madre entre risas.

Carla evoca a una hermana que organizaba los cumpleaños y compraba regalos. Una vez, al saber que el hijo de una conocida necesitaba insumos médicos, Antonia reunió mascarillas con ayuda de sus compañeros de colegio.

—Era como la más chispita de todos, la más enérgica —dice.

Alejandro, de cabello canoso, habla con ímpetu y sonríe al recordar a su hija. Destaca su disciplina y sus ganas de aprender inglés para cumplir su sueño: viajar por el mundo. Recuerda que su habitación siempre fue rosada, pero que ahora la pintaron de otro color.

—La estrategia es olvidarse del día, de la forma, y quedarnos con todos los recuerdos lindos de ella —explica—. Y todos los días nos acordamos de algo de la Antonia.

El recuerdo también incluye a Sebastián. Carla cuenta que en el WhatsApp familiar comparten anécdotas de ambos hermanos, aunque cada integrante vive el duelo de manera distinta.

—He aprendido a querer esa pena, porque me hace sentir que mis hermanos estuvieron, que mis hermanos existieron —señala.

Ignacia tiene ahora 21 años y tenía 15 cuando murió Antonia. Marcela admite que durante años le costaba dejarla salir sola o esperar tranquila si no respondía sus mensajes.

—A la Ignacia, ahora recién, como que la estoy soltando. Imagínate, después de siete años —relata.

Un cuestionamiento constante

Hay una conversación que Carla recuerda con especial claridad. Ocurrió el día de la muerte de Antonia. La familia se había reunido en la casa cuando Alejandro les pidió que no se culparan por lo sucedido.

—Mi papá nos dijo que nosotros no teníamos por qué echarnos la culpa, porque aquí solamente había un culpable —relata.

La frase adquirió otro significado durante los años siguientes. Mientras el caso avanzaba en tribunales, la familia debió enfrentar comentarios que cuestionaban por qué no habían advertido lo que le ocurrió a Antonia, cómo era la comunicación entre padres e hijos o por qué la joven había salido aquella noche.

Carla recuerda que las preguntas parecían dirigirse siempre al mismo lugar: la víctima y su entorno.

—¿Pero quién se cuestionó de la educación y los valores que le daba la familia a Martín Pradenas? —pregunta.

Su reflexión va más allá del caso de su hermana. Considera que la sociedad todavía pone la atención en la conducta de las víctimas antes que en las decisiones de quienes cometen las agresiones.

Esa mirada también aparece en las preocupaciones de su padre.

—La culpa no es de la víctima, no es de la mujer (…) el que tiene que tener vergüenza es el victimario. Hay que educar y hay que enseñar eso —señala.

Un juicio en medio del duelo

El proceso judicial se extendió durante casi cuatro años. En agosto de 2022, Martín Pradenas Dürr había recibido una pena de 20 años, pero la Corte Suprema anuló el primer juicio por publicaciones de uno de los magistrados que comprometían su imparcialidad.

Finalmente, en julio de 2023, tras repetirlo, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco lo sentenció a 17 años de presidio efectivo por dos violaciones y cinco abusos sexuales contra seis víctimas, cometidos entre 2010 y 2019.

Roberto Celedón, abogado querellante representante de la familia Barra Parra, recuerda la dificultad de investigar sin que Antonia pudiera declarar:

—Había una fuente muy relevante (…) que son los testimonios que ella dejó —dice. De los alegatos recuerda además otro aspecto: —Un criterio muy relevante que había que incorporar era el enfoque de género.

Mientras se discutían pruebas y recursos, la familia intentaba vivir el duelo.

—Nosotros estuvimos tres años (…) en un duelo que estaba conectado con el tema legal —dice Carla.

Marcela habla de la rabia y el temor que le provocaban los comentarios en redes sociales. Alejandro reservó antecedentes de la causa, pero empezó a recibir mensajes de otras personas que habían sufrido violencia sexual.

—Me ha tocado escuchar a más de 115 víctimas, y escuchar la realidad de ellas es muy distinta a la que uno tuvo —asegura, comparándola con el apoyo jurídico y psicológico de su familia.

Algunas le hablaron de denuncias que no recibieron la atención esperada; otras, de las veces que tuvieron que repetir su relato frente a diferentes funcionarios. Alejandro empezó a pensar en cambios concretos para quienes acudieran a la justicia después de sufrir una agresión.

—Mi visión es educación. O sea, tenemos que educar desde la sala cuna a los niños y niñas el respeto por el otro —plantea.

En su opinión, la formación debe continuar en las escuelas, universidades y otras instituciones, para que la prevención no dependa únicamente de las precauciones que adopten las posibles víctimas.

Con esa convicción llegó a la discusión de la legislación que terminaría llevando el nombre de su hija.

A siete años de la muerte de Antonia Barra: La íntima historia familiar detrás de la ley que lleva su nombre

Una ley nacida de esas experiencias 

Alejandro vuelve a una reunión por Zoom con parlamentarias. Les pidió esperar a la formalización de Pradenas y convocar a distintos sectores.

—Necesito que los diputados no sean de izquierda, no sean de centro ni sean de derecha, sino todos —recuerda.

La moción de agosto de 2020 fue presentada por Paulina Núñez, Marcela Sabat, Gael Yeomans (Convergencia Social-FA), Maite Orsini (Revolución Democrática-FA), Gonzalo Fuenzalida (Renovación Nacional) y Marcelo Díaz (Independiente), según las afiliaciones que registraba entonces la Cámara de Diputadas y Diputados.

Publicada el 31 de diciembre de 2022, la Ley 21.523, conocida como Ley Antonia, incorporó al Código Penal dos delitos: el suicidio femicida y la inducción al suicidio. El primero permite sancionar a quien, mediante hechos previos de violencia de género cometidos contra una mujer, causa su suicidio. Para configurarlo, debe acreditarse la relación entre esa violencia y la muerte.

La inducción al suicidio sanciona, bajo las condiciones establecidas en la legislación, a quien impulsa a otra persona a quitarse la vida.

Además, la ley protege la identidad e intimidad, limita interrogatorios, prohíbe tratos humillantes, permite resguardos antes de la formalización y amplió de cinco a diez años la prescripción de determinados abusos sexuales contra adultos.

Pese a llevar su nombre, la Ley Antonia entró en vigor después de los hechos de 2019, por lo que sus nuevas figuras penales no podían aplicarse retroactivamente en perjuicio de los involucrados. Martín Pradenas fue condenado por delitos sexuales, mientras que la eventual configuración de otros delitos relacionados con la muerte de Antonia no fue objeto de una condena bajo esta legislación.

Marcela escucha a Alejandro reconstruir aquellas reuniones. La aprobación tiene para ella una contradicción imposible de eludir.

—No me hubiese gustado que (…) hubiese habido una ley porque mi hija murió por suicidio —reconoce.

Los derechos y su aplicación

El Ministerio Público registró 51.773 delitos sexuales ingresados en 2025 y 27.005 entre enero y junio de 2026. Con esta cifra en mente, Alejandro insistió en el problema para pagar una representación jurídica y para acceder a profesionales especializados, sobre todo en regiones.

Marcela Sabat (RN), exdiputada y coautora, pone el foco en el trato recibido al denunciar:

—Hoy lo más importante es evaluar si todo esto se cumple en la práctica para que la ley no se convierta en letra muerta —afirma.

La diputada Gael Yeomans (FA) vuelve al delito de suicidio femicida y su dificultad probatoria:

—Probar el vínculo entre la violencia y la muerte exige investigar con perspectiva de género desde el primer día, reconstruir la historia de violencia, escuchar a la familia y contar con peritajes especializados —explica.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), recuerda que los casos empezaron a figurar en las estadísticas después de la ley:

—Las cifras siguen siendo bajas en comparación con otros delitos, lo que también puede estar relacionado con las dificultades probatorias —señala. En 2025, la Fiscalía informó una condena por suicidio femicida en Caldera.

Mientras que el exdiputado Marcelo Díaz (IND), también coautor, advierte que la experiencia judicial exige otra medición:

—Sería irresponsable afirmar que la revictimización está superada porque aprobamos una ley. Necesitamos evaluar cómo se recibe una denuncia, cuánto demora la protección y qué acompañamiento recibe la persona durante la investigación —advierte.

Aprensiones respecto al Gobierno

La conversación se extiende hacia el papel del gobierno del Presidente José Antonio Kast. La familia recuerda las gestiones que realizó con la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, y cuestiona lo que considera una respuesta insuficiente de la actual titular de la cartera, Judith Marín, frente a situaciones de violencia sexual.

Su preocupación no se limita a los pronunciamientos públicos, sino que apunta a la disponibilidad de recursos y representación jurídica para las víctimas.

El Ministerio de la Mujer ha informado de acciones como la Ruta de Protección de las Mujeres, iniciativa de orientación sobre canales de denuncia y redes de apoyo desplegada en espacios públicos.

Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2027 ha generado cuestionamientos por las reducciones propuestas en programas como PRODEMU y Mujeres Jefas de Hogar. Alejandro Barra sostiene que la política de apoyo ha perdido impulso.

—Hay un freno evidente. Los que se tienen que dedicar a esto están durmiendo en los laureles. ¿Hasta qué? Hasta que las mujeres salgan a marchar, hasta que hagan lo mismo que hicieron antes de la Antonia —cuestiona.

Para él y su familia, la prevención requiere de una respuesta institucional sostenida.

—Aquí, el Ministerio de la Mujer no ha hecho nada. Ella (la ministra Marín) tiene que reaccionar y tiene que hablar acerca de la prevención del suicidio femicida —afirma.

De la casa a la plaza

El 13 de octubre, los Barra Parra pasan de la mesa familiar a la Plaza de Armas para una jornada municipal de prevención. Loreto Fonseca, encargada de Igualdad de Género de Temuco, habla de acercar las redes a la comunidad:

—Para que todas las personas puedan conocer a tiempo los números, los canales, la red de atención que mantiene tanto el municipio como otras organizaciones del Estado —explica.

Danae Bravo, amiga de Antonia desde niña, también llegó a la plaza.

—Es como un pestañeo, pero también se ha hecho muy larga su ausencia —dice sobre estos siete años.

La psicóloga clínica María Paz Jana, especialista en atención de adolescentes y adultos, advierte que las agresiones sexuales pueden causar sufrimiento emocional, culpa, vergüenza y aislamiento.

—Es muy importante poder creer en los relatos, evitar la revictimización y también escuchar respetuosamente lo que deban o quieran decirnos —señala.

En 2025, el Ministerio de Salud registró 1.927 muertes por suicidio en Chile. Sin embargo, esta cifra general no permite establecer cuántos de esos casos estuvieron relacionados con situaciones de violencia sexual.

En tanto, la necesidad de acompañamiento volvió a la agenda legislativa el pasado jueves 15 de octubre. La ministra de Salud, May Chomalí, anunció el ingreso de un proyecto que busca complementar la Ley SANNA.

La iniciativa propone permisos laborales para madres, padres y cuidadores cubiertos por el seguro, con el fin de acompañar a niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años después de una hospitalización por intento suicida. Contempla un periodo inicial de 15 días, prorrogable hasta 30, y todavía debe completar su tramitación legislativa.

Días antes, Marcela y Carla estuvieron en un encuentro sobre prevención en la Universidad de La Frontera. En la plaza, Marcela volvió a dirigirse a las familias:

—Que la familia preste todo el apoyo a esa persona, que las acompañen, que las protejan, que crean en su relato.

En la plaza, la familia siguió orientando a quienes buscaban ayuda. Siete años después, Alejandro insiste en lo mismo: que denunciar no exponga a nuevas formas de violencia.

¿Dónde pedir ayuda?

Si tú o alguien cercano atraviesa una crisis de salud mental asociada al suicidio, llama a la Línea de Prevención del Suicidio *4141, «No estás solo, no estás sola», del Ministerio de Salud. Es gratuita, confidencial y funciona las 24 horas, todos los días, con atención psicológica profesional.