No hay duda que la transparencia y el acceso a la información son elementos fundamentales a la hora de escrutar y confiar en las decisiones públicas, y esto sólo es posible si es que la información existe y es de calidad.
Desde el regreso a la democracia en 1990, distintas administraciones y diversas reparticiones del Estado chileno, con el fin de apoyar, colaborar y nutrir desde una mirada experta la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas, han conformado comisiones asesoras, mesas de trabajo con especialistas y miembros de la sociedad civil u otras instancias similares.
Una práctica que, si bien puede ser un valioso aporte para un mejor funcionamiento de Estado, toda vez que amplía las miradas y los mecanismos de participación e incidencia de diversos actores sociales en la toma de decisiones públicas, debe también considerar -especialmente desde quienes convocan- que para cumplir dicho objetivo su conformación, funcionamiento y resultados deben contextualizarse en un marco de certeza institucional y caracterizado por la máxima transparencia.
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Los procesos de toma de decisión sobre cuestiones públicas enmarcados en instancias que no tienen un funcionamiento formal, redunda en que no emiten información oficial de su conformación y sus integrantes ni tampoco de los fundamentos y ejecución de sus resoluciones.
Si este tipo de comisiones son parte del funcionamiento de algunas reparticiones públicas y, en base a lo que allí se trata, se definen determinadas decisiones y acciones, éstas deben institucionalizarse, formalizarse y cumplir con todas las normas y estándares de transparencia y probidad que rigen para cualquier ente público, dado que en muchos casos son una extensión de la discusión de temas de alto interés público.
La falta de institucionalidad y de transparencia en estas instancias daña a la autoridad que las convoca, que no les da el estatus que corresponde, a la incidencia que los propios convocados pueden tener efectivamente en la toma de decisiones públicas, y a la confianza en el trabajo que realizan este tipo de entidades.
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En momentos críticos como los que hemos experimentado el último año con la emergencia sanitaria por el COVID-19, es importante comprender además que tanto la coordinación de actores como la disponibilidad de información oportuna puede hacer la diferencia en la capacidad de impulsar políticas que salven vidas.
Desde el inicio de la Ley de Acceso a la Información Pública, de acuerdo con lo que declaran los propios ciudadanos que han presentado sus casos tras la denegación de información por parte de instituciones públicas ante el Consejo para la Transparencia, cerca de 1.400 reclamos se asocian a información solicitada que no existía. En muchos de ellos, el Consejo ha determinado que dichos antecedentes, dado su interés y relevancia pública, deberían existir y ha ordenado al organismo generarla y entregarla.
Si una comisión asesora no está formalizada y oficialmente institucionalizada, no sólo su funcionamiento estará asociado a ámbitos de incertidumbre y opacidad, sino que dinamitaremos la posibilidad de contar con mecanismos que nos permitan transparentarla. Como Consejo para la Transparencia creemos que una democracia robusta, profunda y participativa, acorde a lo que los tiempos exigen, no puede permitir ese tipo de situaciones. Creemos firmemente que la institucionalidad y la fortaleza de organismos públicos modernos, eficientes y confiables es el único camino posible para construir una democracia sólida, abierta y al servicio de la ciudadanía. Y, por tanto, el Estado en todas sus estructuras e instancias de funcionamiento, debe aplicar los más altos estándares y normas de transparencia y probidad.
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De lo contrario, si dejamos en instancias ajenas a la institucionalidad decisiones de carácter e implicancia pública, sólo estamos abonando el terreno para la germinación de todos los vicios que la falta de transparencia conlleva, derruyendo la ya debilitada confianza que se ha ido imponiendo al interior de nuestra sociedad.
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