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(CNN) – Un informe de Human Rights Watch (HRW) estima que, en medio de la pandemia y el estado de alerta decretado el 13 de marzo, unos 130 mil ciudadanos han retornado a Venezuela.
Según la organización, la mayoría de ellos resultaron afectados por el impacto económico de la crisis de salud en los países donde se encontraban. Una crisis los sacó de casa y otra los hizo regresar.
El gobierno de Maduro acondicionó centros para que estas personas cumplieran la cuarentena antes de continuar su camino hacia sus lugares de destino. Sin embargo, según un informe presentado este martes por Human Rights Watch y los Centros de Johns Hopkins, en estos espacios en Venezuela se registra un “trato abusivo” contra los retornados.
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HRW denuncia en el informe “condiciones insalubres y de hacinamiento” en estos centros, lo que podría incrementar la transmisión del COVID-19 en el país. La doctora Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, afirma que en estos centros “es imposible cumplir con las medidas de distanciamiento social”.
El reporte destaca que en estos centros escasean los alimentos y medicinas, y que los retornados son obligados a cumplir la cuarentena. Además, HRW señala que las protestas de estos migrantes retornados fueron silenciadas bajo amenaza de ser detenidos.
El informe señala que algunas personas permanecieron más tiempo de los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Esto, como consecuencia de “demoras en las pruebas de diagnóstico y a un protocolo de testeo innecesariamente complejo”.
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Sobre este punto, la doctora Kathleen Page sostiene que “exigirles quedarse allí por más del plazo establecido de 14 días no hace más que agravar el riesgo de que se contagien y no contribuye a ningún propósito razonable de salud pública”.
Por su parte, Maduro dijo que ya conversó sobre la situación de los retornados con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachellet, a quien advirtió que estos centros, a su juicio, han sido utilizados para insertar a personas contagiadas para que propagaran el virus en el país, así como también en las trochas o rutas ilegales de ingreso al país.
El presidente de Venezuela considera que quienes lo critican no han dicho nada de los venezolanos a quienes, según él, se les recibió “con los brazos abiertos” y a quienes “se les dio tratamiento gratuito en salud, en alimentación y en transporte”.
CNN solicitó una respuesta al informe de HRW por parte del cuestionado gobierno de Maduro, sin hasta ahora haber obtenido respuesta.
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