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(CNN en Español) — La Secretaría General de la OEA, mediante un comunicado de prensa, calificó la ocupación de sus oficinas en Managua, Nicaragua, como ilegítima y una “violación de las más elementales normas internacionales”. La organización reiteró que el retiro del país centroamericano del organismo solo tendrá efecto a finales de 2023 y sigue siendo responsable de todas las obligaciones que tiene como parte del mismo.
“Exigimos al Gobierno nicaragüense el respeto a las obligaciones que hoy rigen su relación con la OEA y con toda organización internacional de la cual Nicaragua es parte”, concluye el comunicado, en el que también hace hincapié en que las “oficinas, archivos y documentos” de la organización “gozan de la más absoluta inviolabilidad”.
El gobierno de Nicaragua, a través de un comunicado, reiteró la renuncia del país ante la Organización de los Estados Americanos y anunció el retiro de credenciales de sus funcionarios ante la OEA en Washington, así como el cierre de las instalaciones de la entidad en Managua.
La declaración del gobierno de Daniel Ortega afirma que la OEA constituye “uno de los instrumentos políticos de intervención y dominación” del Departamento de Estado de Estados Unidos y “violenta los derechos y soberanía” del país.
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El gobierno, que había anunciado esta decisión el 19 de noviembre de 2021, también señaló en el comunicado que con esta salida de la OEA también deja de formar parte de todos los mecanismos y cuerpos de la organización interamericana, incluidas reuniones como la Cumbre de las Américas.
En la declaración, Nicaragua dice también que con esta retirada pone fin a las credenciales de sus representantes Orlando Tardencilla, Iván Lara y Michael Campbell y que a la vez ya ha cerrado la sede de la delegación de la OEA en Managua.
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La OEA ha tenido en su agenda en diversas ocasiones la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde 2018 y ha adoptado varias resoluciones llamando al restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos. Previo a las votaciones del 7 noviembre, en la cual Ortega fue reelegido para su cuarto mandato consecutivo, la OEA advirtió que no había condiciones para un ejercicio democrático y pidió la liberación de opositores detenidos, incluyendo siete precandidatos a la presidencia.
En marzo, Arturo MacFields Yescas, hasta ese momento embajador ante la OEA, antes de renunciar a su puesto denunció lo que consideraba dictadura y pidió la libertad de opositores detenidos y el respeto a sus derechos humanos.
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