Las cárceles son uno de los focos más vulnerables frente a la pandemia de COVID-19. Ya en abril la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema advertía de los riesgos a los que está expuesta la población penitenciaria en este contexto de crisis sanitaria, por el hacinamiento e incluso por la falta de agua.
De las personas privadas de libertad en el país, 7,7% son mujeres y para conocer más detalles sobre esta situación, Viviana Encina conversó con Marcela Aedo, quien es parte de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso y del Centro de Investigadores de Filosofía del Derecho y del Derecho Penal.
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Más de 45 mil personas cumplen condenas en las cárceles chilenas, de las cuales aproximadamente 3 mil 500 son mujeres, explica Aedo, quienes están expuestos a condiciones precarias frente a la pandemia. “Al día 9 de junio, hay más de mil personas contagiadas por COVID-19, entre privados de libertad y funcionarios. Es una cantidad relevante y, desafortunadamente, tres internos y un funcionario han perdido la vida”.
Para la experta, la pandemia ha puesto de relieve problemáticas que ya vive el sistema penitenciarios como el hacinamiento, la falta de condiciones de salubridad, el difícil acceso a servicios de salud, entre otros. “En nuestro país las condiciones de vida de los internos e internas son precarias e indignas“, dijo.
El retardo procesal es uno de los factores que empeora la situación de las cárceles en Chile y, en general, en América Latina, comenta la investigadora. Esto implica que alrededor 40% de las personas internas en recintos penitenciarios están a la espera de saber qué ocurrirá con su situación penal. Si esto se descomprime, el hacinamiento bajaría, asegura.
“Ahí hay un punto que es importante identificar. En este contexto de pandemia, hay que intentar bajar las tasas de congestión y hacinamiento. En ese sentido, me parece importante y pertinente que se hay dictado el indulto que benefició a 1.860 personas, pero eso es sólo el 4% de toda la población privada de libertad”, indicó.
“Hay que pensar en estrategias de mediano y largo plazo. Por ejemplo, en relación a las mujeres, está en el Congreso el proyecto de Ley Sayén con el que se plantea la posibilidad de suspender una medida privativa de libertad a una mujer embarazada o que tiene un niño o una niña menor de dos años”, comentó la investigadora de la U. de Valpo.
“Hay que revisar los criterios de la prisión preventiva y reconocer que el COVID-19 aumenta la desproporcionalidad de una pena, es un exceso de castigo“, puntualizó.
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