La alcaldesa Carolina Corti cuestionó el manejo de la administración anterior en la distribución de los recursos en Quilpué, en el marco del megaincendio ocurrido en Valparaíso en 2024. “Siento que esto fue tratado con falta de humanidad, y eso se revela en toda la trazabilidad administrativa: ineficiente, con desidia y con falta de procesos que habría que corregir”, afirmó.
La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, abordó en CNN Prime el informe de la Contraloría General de la República (CGR), que identificó “graves deficiencias” en la gestión de los recursos destinados a enfrentar la emergencia provocada por el megaincendio de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso.
Entre las instituciones mencionadas por el organismo destacan la Delegación Presidencial Regional, la Dirección Regional de Arquitectura y las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué.
Respecto de esta última, el documento elaborado por la CGR detalló que, durante la administración de la entonces jefa municipal de Quilpué, Valeria Melipillán Figueroa, se detectaron “gastos improcedentes” en compras, extravío de bienes donados, además de falencias en la entrega de ayudas y en la gestión de personal y proyectos.
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En ese contexto, Corti sostuvo que, una vez que asumió el cargo, debió enfrentar un “terrible desorden administrativo”, que se vio reflejado en la emergencia, y afirmó que “no me sorprende lo que hoy la Contraloría corrobora, porque nosotros se lo hemos dicho a las autoridades vigentes y al propio Presidente de la República: que la ayuda se había extendido muchísimo”.
Respecto de la situación específica de Quilpué, el organismo detectó la adquisición y distribución de 382 cocinillas a gas sin certificación vigente de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), por un monto de $14.974.320, el extravío de 297 tarjetas SIM avaluadas en $7.276.500, y falencias en la trazabilidad de las ayudas, donde existe una diferencia de 4.245 artículos entre los bienes adquiridos o recibidos por el municipio y los entregados a los beneficiarios.
Ante la información recopilada por el ente contralor, la autoridad municipal precisó que espera que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) esclarezca el uso de los recursos, en un contexto marcado por la pérdida de vidas humanas.
“Lo que yo vi cuando llegué es que había una ausencia del Estado y de los protocolos, además de una (carencia) administrativa que no ponía en el centro a las personas que tenían el problema grave de haber perdido sus viviendas y, además, a sus seres queridos. Entonces, siento que esto fue tratado con falta de humanidad, y eso se revela en toda la trazabilidad administrativa: ineficiente, con desidia y con falta de procesos que habría que corregir”, cerró.