En entrevista con CNN Chile, el otrora persecutor a cargo del caso SQM indicó que "no puede permitirse una intromisión de esta manera del Ejecutivo en el Poder Judicial", en relación a las palabras del ministro Víctor Pérez, quien dijo que creía que el ex senador es inocente.
El ex fiscal a cargo del caso SQM, Carlos Gajardo, se refirió este miércoles a la reaparición de Pablo Longueira, quien debe enfrentar el juicio por cohecho en el marco de la misma investigación. El ex candidato presidencial deberá enfrentar la audiencia de preparación el 5 octubre.
En entrevista con CNN Chile, el abogado sostuvo que “hay antecedentes poderosos para llevar adelante la investigación si bien la respuesta final la tienen que dar los tribunales de justicia“.
Respecto a las palabras del ex ministro y otrora senador, quien sostuvo que es víctima de una supuesta “persecución” en la investigación, Gajardo sostiene que “en la práctica se desmiente porque uno de los graves cargos que la Fiscalía le imputó tiene que ver con delitos tributarios, más de $700 millones en infracciones tributarias por haber facilitado boletas falsas y tuvo que ser sobreseído porque el Servicio de Impuestos Internos nunca presentó una querella“.
“El SII es muy estricto para perseguir al pequeño comerciante cuando no da una boleta, pero en este caso por más de $700 millones de evasión de impuestos no presentó una querella y permitió que el caso fuese sobreseído sin que hubiera una razón técnica para hacerlo”, detalló.
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En la misma línea, declaró que “tanto en su caso, como en muchos otros de muchas vertientes políticas, lo que ha habido es protección y ha permitido la impunidad en estos casos“.
Incluso, expresó que “el plazo que se ha demorado (para que se inicie el juicio), es extraordinariamente alto, pero la causa de eso más bien tiene que ver con las presiones que del mundo político se han activado para que el proceso no avance“.
Consultado por si existe evidencia suficiente contra Longueira que permita acreditar algún tipo de responsabilidad penal en el delito de cohecho, el ex fiscal aclaró que “en el delito de facilitación de boletas falsas nada exige que sean boletas de él o en su propio beneficio, como en el delito de cohecho que permanece”.
Junto a esto recordó que en la imputación que hace la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado apuntan que un artículo específico de la ley del royalty minero “fue redactado por un abogado de SQM, entregado al gerente general de SQM, Patricio Contesse, quien se lo reenvió a Pablo Longueira, quien se lo reenvió a Cristian Larroulet y que finalmente terminó siendo Ley de la República”.
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“Tenemos un caso de manual, en que una Ley del Estado de Chile, aprobada por el parlamento fue redactada por un abogado de SQM. Las explicaciones que ha dado Longueira al respecto dicen relación con que él se limitó a reenviar un correo, lo que podría justificarse si es que él hubiera indicado a Larroulet que era efectivamente una propuesta de SQM, cosa que no es así”, apuntó.
“Pablo Longueira lo que hace es eliminar el autor de esa iniciativa y la hace pasar como una iniciativa propia y es ese hecho fundamental que una legislación que nace de un abogado de SQM termina como Ley de la República”, agregó.
El otrora persecutor también fue consultado por las palabras del ministro del Interior, Víctor Pérez, quien dijo que cree que Longueira es inocente. “Yo hablé sobre un amigo y así como puedo decir legítimamente que a un amigo lo conozco y lo considero una persona honesta y que estoy seguro que probará su inocencia ante los tribunales. Me extraña que sea considerado una intromisión”, señaló el secretario de Estado.
“Un ministro no puede tener amigos a los cuales les esté haciendo favores en el uso del cargo. A él no lo entrevistan en calidad de Víctor Pérez, lo entrevistan como ministro del Interior y el ministro del Interior es el jefe de gabinete que tiene que decidir, por ejemplo, de los ascensos que van a tener los jueces que van a ver y decidir sobre el caso de Jaime Orpis o los fiscales regionales que pueden optar a fiscal nacional”, sostuvo el abogado.
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“Cualquier intromisión de una alta autoridad, especialmente del ministro del Interior, es inaceptable“, acotó.
Finalmente, concluyó que “es inadmisible en términos que los poderes del Estado deben estar separados y es obligación de cada uno de ellos, especialmente del Ejecutivo, de mantener la independencia de ellos, no puede permitirse una intromisión de esta manera del Ejecutivo en el Poder Judicial“.
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