La fiscalía regional del Biobío decidió separar la investigación que comenzó tras los hechos de violencia ocurridos en Cañete, los cuales terminaron con un fallecido y varios heridos, tras presuntos enfrentamientos entre civiles, Fuerzas Armadas y Carabineros.
Este jueves, a través de un comunicado, el Ministerio Público explicó que “en una de las indagatorias, asumió el fiscal para causas de Derechos Humanos de la Fiscalía del Bíobío, Nelson Vigueras y, en la otra, el fiscal para casos de violencia rural, Juan Yáñez“.
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En entrevista con CNN Chile, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, valoró el nombramiento de Vigueras, ya que “es fundamental separar los delitos comunes de las violaciones a los derechos humanos”.
El abogado manifestó que el INDH se encuentra recogiendo los testimonios de las víctimas y sus familiares debido a que “existen dos versiones”. “Está la versión del enfrentamiento y hay otra que señala que el joven no habría estado participando en los enfrentamientos y que sería víctima de un asesinato”.
“Acá lo primero que está haciendo el Instituto es ver todos los antecedentes del caso, contribuyendo a la autopsia, pidiendo lo más rápido la reconstitución de la escena, la investigación de las cámaras corporales y los informes balísticos”, dijo Micco, quien recalcó que “lo central es que se sepa la verdad”.
Según el director del INDH, la decisión de separar la investigación es buena, ya que “los delitos comunes son efectuados por personas particulares, pero las violaciones a los derechos humanos suponen agentes estatales y mezclar estas dos cuestiones conceptualmente es gravísimo y tiene efectos prácticos”.
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“Hay denuncias, testimonios y videos que es deber de la Fiscalía investigar”, agregó Micco, quien sostuvo que Vigueras ahora deberá ver la veracidad de los antecedentes. “Todos estos elementos probatorios deben ser puestos en la escena pública porque acá el principal enemigo es la mentira, la incertidumbre, las dudas y especulaciones”.
Finalmente, Micco manifestó que, desde la perspectiva del INDH, reducir lo ocurrido en la macrozona sur a un problema de orden público “es un error gravísimo”. “Acá las armas tienen que silenciarse y el diálogo -lo más pacífico posible- es el único camino”.
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