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La Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional aprobó en general una iniciativa que plantea acortar el período de ejercicio de los jueces, propuesta que recibió críticas por parte de la Corte Suprema.

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, el convencional independiente Christian Viera precisó que existen imperativos legales para que la Corte Suprema se refiera a lo que deciden los órganos políticos: “El artículo 4° del código orgánico de Tribunales establece expresamente que el Poder Judicial tiene prohibido expresar opiniones sobre lo que señalan los órganos políticos (…) Por lo tanto, independiente del contenido, la declaración de la Corte Suprema es muy inadecuada porque lo que hace es violar un imperativo legal”.

En ese sentido, calificó lo señalado por la ministra Ángela Vivanco como “inadecuado”. “Hemos sido deferentes con la Corte Suprema, invitamos al presidente de la Corte Suprema a la comisión; hemos invitado a organizaciones gremiales del Poder Judicial; hemos escuchado sus opiniones, sin embargo, esas perfomances del día de ayer, con una ministra desde el pleno hablando a nombre del órgano jurisdiccional, me parece en lo personal inadecuado“.

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Sobre la medida, que busca limitar a ocho años la duración de todos los cargos de jueces en el país, Viera precisó que personalmente no estaba de acuerdo, pero que de todas formas la reacción del máximo tribunal le pareció “del todo imprudente”. Además, expresó que dicha iniciativa tiene “difícil éxito”, ya que no contaría con la mayoría de votos.

“Yo no estoy de acuerdo. De hecho, voté en general, pero cuando lleguemos a la votación en particular de aquello, yo lo voy a rechazar porque efectivamente creo que afecta la independencia del órgano jurisdiccional“, dijo.

Respecto a cómo nace esta medida, el convencional indicó que en Chile existe un problema de confianza en el sistema judicial y que tiene que ver con el acceso desigual a la justicia. “Si usted mira los informes de la OCDE de 2010, 2016 y 2020, la Corte Suprema en 2010 tenía un 35% de confianza en la ciudadanía. Si usted mira el informe de 2020, está en 15% igual que en 2016″, expresó.

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“Yo también invitaría a los integrantes, a los jueces y a las juezas para saber qué es lo que pasa, por qué la ciudadanía no confía en el órgano jurisdiccional”, agregó, señalando que se debe mejorar el sistema de calificaciones y “que efectivamente haya una seriedad en la calificación de la función jurisdiccional”.

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