Este martes la Corte Suprema emitió un comunicado acordado por todos sus integrantes, en el que expresan su “preocupación” por una propuesta de norma que se estaría discutiendo en la Convención Constitucional.
La iniciativa, presentada por los convencionales Mauricio Daza y Hugo Gutiérrez, y aprobada con 11 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones en la comisión de Sistema de Justicia de la instancia, busca específicamente que se limite a 8 años la duración de todos los cargos de jueces en el país.
“La afectación de la independencia y de la inamovilidad judicial, no es un tema de privilegios judiciales. Es un tema que resalta la protección de los derechos de las personas que concurren a los tribunales”, aseguraron esta mañana desde el máximo tribunal.
Sin embargo, esta tarde un grupo de convencionales respondió a la entidad, cuestionando sus argumentos y explicando el motivo por el cual buscan deliberar dicha propuesta. Así lo destacó la convencional independiente, Manuela Royo: “¿Qué es lo que pasa cuando hay juezas o jueces que no son buenos? ¿Qué pasa cuando hay jueces que son malos? Ese es el problema que el día de hoy estamos tratando de solucionar (…) esta iniciativa plantea formas de modificar los nombramientos (…) y apunta hacia una solución democrática respecto a ello”.
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Los convencionales explicaron además que consideran el comunicado emitido por el pleno de la Corte Suprema como “una intromisión indebida”. De hecho, según aseveró el constituyente independiente, Mauricio Daza, este gesto de la Suprema implicaría “uno de los peores ataques a la autonomía que ha recibido la Convención desde su instalación“.
“Esto no se trata de la opinión de uno o dos jueces, esta es la opinión institucional de la Corte Suprema y además, acto seguido, siendo una institución jerárquica, se ordena remitir esta opinión a todas y todos los jueces del país”, acusó el convencional, agregando que “con esto lo que se plantea es que ninguna persona que integra ese organismo, en la práctica va a poder emitir una opinión distinta de aquella que oficialmente la Corte Suprema ha planteado acerca de este punto. No ha existido ningún otro órgano del poder constituido que como tal haya llegado tan lejos”.
Por su parte, el convencional Fernando Atria, señaló que “esta declaración de la Corte Suprema, es una manifiesta infracción de sus deberes legales, conforme al artículo cuarto del código orgánico de tribunales. Los tribunales tienen prohibido mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos”.
A esto, el convencional Hugo Gutiérrez añadió que se han sostenido conversaciones con el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, asegurando que la Mesa Directiva debería “reprochar de manera contundente lo que ha hecho el día de hoy este poder constituido“, acusando lo que calificó como una “intimidación” por parte del Máximo Tribunal.
Finalmente, el constituyente Manuel Woldarsky, llamó a la ciudadanía a estar atenta ante este tipo de situaciones, asegurando que la Corte Suprema incurrió en una actitud “corporativista e ilegal” y que dicha situación “no va a coartar el debate que la Convención, por mandato de la ciudadanía, desarrolla y va a seguir desarrollando”.
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