Dos nuevos allanamientos. Ahora fueron los obispados de Temuco y Villarrica, donde se incautaron documentos sobre las denuncias contra cinco sacerdotes de la Araucanía. Otra vez, los obispos se negaron a entregar la información, y otra vez un fiscal debió conseguir una orden judicial para acceder a ellos.
Hay que recordar que es información fundamental para esclarecer, no faltas, ni pecados, sino delitos. Hoy, tras una incautación similar en Santiago, fue formalizado el ex canciller del Arzobispado. Según la Fiscalía, Muñoz aprovechó su doble condición de sacerdote y familiar de algunas víctimas para abusar de ellas, dentro de casas parroquiales, incluso haciendo de confesor de un menor de edad de quien al mismo tiempo abusaba.
¿Cuántos casos como estos están en manos de la Iglesia Católica? ¿Cuántas denuncias, cuántos antecedentes se tramitan reservadamente, sin denunciarlos a las autoridades competentes? ¿Será necesario allanar una a una todas las diócesis de Chile para poder investigar estos delitos?
Los hechos de estos días ponen en cuestión una vez más el verdadero compromiso de las autoridades de la iglesia con la verdad y la justicia. Una verdad y una justicia que, en una República, está en manos de sus tribunales, y no de alguna institución paralela, por poderosa que sea.
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