En medio de la última etapa de tramitación del proyecto que despenaliza el aborto en 3 causales, y ante su inminente aprobación, el sistema público será sometido a prueba en distintos ámbitos. Uno de ellos… la cantidad de médicos disponibles a nivel nacional que podrán diagnosticar la inviabilidad fetal, la segunda causal del proyecto.
Actualmente son 17 los profesionales del sistema público. Otros 3 se sumarán en los próximos meses, al finalizar su formación profesional. ¿Serán suficientes para garantizar un procedimiento imprescindible en esta causal? Según el Minsal, sí. Se asignarán médicos para las 6 macrozonas a nivel país. Y se trabajará en redes integradas, desplazándose para concretar las revisiones necesarias.
Mientras, el diputado Juan Luis Castro asegura que de todas formas se requerirá colaboración con el sector privado para que a ninguna embarazada se le prive del diagnóstico que permitirá la práctica del aborto. Pero en ambos casos habrán dos problemas: la concentración de tres cuartas partes del total de médicos habilitados en la Región Metropolitana y la eventual objeción de conciencia para llevar a cabo una evaluación que, eventualmente, derive en un aborto.
Eso, sumado al contexto de las dudas sobre la gestión del sistema público de salud y la falta de especialistas general, este podría transformarse en el primer gran desafío para la futura implementación de la Ley.
Sobre todo por las interrogantes respecto al presupuesto, de 5 mil millones de pesos asignados en el Congreso, que desde la oposición aseguran que será “insuficiente” para cumplir con los procesos de acompañamiento y apoyo psico social comprometidos. Y que pondrán a prueba uno de los proyectos más emblemáticos para el sistema de salud en las últimas décadas…
La policía está indagando cinco transferencias que habría realizado la expareja del Presidente Gabriel Boric a la fundación que anunció su cierre definitivo tras denuncias de irregularidades en la asignación de dineros públicos.