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Este lunes, la comisión de Derechos Humanos del Senado rechazó en general el proyecto de ley que busca regular la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias, que fue presentado originalmente por el gobierno en 2018 y reactivado este 2 de abril para proteger del coronavirus a la población de riesgo que está recluida.

La iniciativa, que busca descongestionar las cárceles, permite que los condenados por cualquier delito que se encuentren con una enfermedad en fase terminal, que sean mayores de 75 años y que hayan cumplido al menos la mitad de su condena, puedan terminarla con arresto domiciliario.

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El proyecto fue rechazado con los votos de Adriana Muñoz (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (País), mientras que obtuvo dos votos a favor, de Iván Moreira (UDI) y Kenneth Pugh (en reemplazo de Felipe Kast).

Los parlamentarios que se opusieron afirmaron que se beneficiaría a condenados por violaciones a los DD.HH. Además, señalaron que las condiciones de Punta Peuco permiten que los detenidos no vivan hacinados y en peligro de contagiarse con COVID- 19.

Esto, pese a que el proyecto presentado por el Ejecutivo excluía expresamente a los condenados por delitos de lesa humanidad, motivo por el que parlamentarios de Chile Vamos presentaran un requerimiento ante el Tribunal Constitucional solicitando su inclusión.

Ahora, la iniciativa pasará a la Comisión de Constitución y luego a la sala.

Reacciones del Ministerio de Justicia

El ministro Hernán Larraín lamentó lo ocurrido en la comisión y aseguró que “el indulto conmutativo tiene un objetivo sanitario, para descongestionar nuestro sistema carcelario, sacando a la población de riesgo”.

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