En medio del debate por el proyecto de indulto para beneficiar a las personas que fueron detenidas en el contexto del estallido social, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, señaló que el objetivo de la iniciativa es “poder avanzar y sanar heridas”.
En entrevista con Última Mirada de CNN Chile, la secretaria de Estado comentó que el indulto “es una facultad presidencial”. “Los presidentes y las presidentas pueden indultar y todos los presidentes -Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera- han indultado personas por distintos motivos”, indicó.
“Lo que estaba en discusión en el Senado no era eso -que sigue existiendo y se puede hacer-, sino la posibilidad de indultar a un grupo de personas definiendo ciertos delitos y un periodo. Lo que hacía el proyecto era: definiría un periodo -el periodo que hoy día está establecido es desde el 19 de octubre de 2019 hasta el 9 de diciembre de 2020- y había un catálogo de delitos que fue lo que más controversia y debate generó en el Senado, y que fue siendo acotado”, continuó.
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De este modo, sostuvo, “los delitos que están en el proyecto hoy día, que fue el que salió de la comisión de Constitución del Senado, son delitos que tienen que ver con desórdenes, con delitos contra la propiedad, delitos con robos; con delitos que se dieron en el contexto del estallido social”.
En ese sentido, Ríos fue enfática en señalar en que “se dejaron fuera delitos de porte de armas, de incendio y también se dejaron fuera delitos que atentaban contra la vida de las personas”.
“Entonces, lo que está en ese proyecto es esta idea que nace de la convicción que tenían los senadores y que nuestro gobierno apoya, de que acá hay un periodo de excepcionalidad donde se cometieron delitos que no son delitos comunes, no son personas delincuentes que estaban asaltando, no es un portonazo que comete una banda, sino que se trata de delitos en el marco de un estallido social, que tenían connotación política, que las personas estaban en el contexto de protesta y se acotan a estos delitos”, manifestó.
Finalmente, la ministra reiteró que el proyecto contempla “un número acotado de delitos” y que “impacta a personas que ya estén condenadas, que ya se hayan cerrado los procesos judiciales, o personas en cuyos procesos están abiertos y pueden estar algunos en prisión preventiva -un grupo muy pequeño todavía queda en prisión preventiva que pueden estar incluidos en estos delitos- y otros que están esperando libres que se terminen los procesos”.
“El objetivo central de esto es poder avanzar, en sanar heridas”, sentenció.
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