El sábado 16 de octubre el presidente de la República, Sebastián Piñera, fue notificado de la acusación constitucional que la Cámara de Diputadas y Diputados decidió iniciar en su contra en el contexto de la publicación del reportaje internacional “Pandora Papers”, que reveló antecedentes desconocidos por la opinión pública que dictan relación con la compraventa de Minera Dominga, cuya transacción, según los nuevos datos, se concretó en Islas Vírgenes Británicas.
Acorde a la legalidad vigente, el jefe de Estado contará con 10 días, a partir de hoy, para que pueda presentar su defensa, es decir y en concreto, podrá hacerlo hasta el próximo 28 de octubre, pues el plazo no contempla los domingos ni festivos.
Consultada sobre este tema, la senadora oficialista, Jacqueline Van Rysselberghe, tildó de “golpe de Estado” a la herramienta de la Cámara, pese a que está estipulada en la Constitución. “Yo lo veo terrible si eso sucede, a uno podrá gustarle o no el presidente Piñera, pero que un presidente electo democráticamente sea sacado, sacar de su cargo a un presidente electo democráticamente en todas parte se llama golpe de Estado. Podrá ser un golpe de Estado blanco, pero un golpe de Estado al fin, porque no se está sacando porque los tribunales hicieron una investigación, se está sacando por una situación política, y eso en un sistema democrático es el principio del fin”, expresó a ADN Radio.
En la misma línea, hizo un llamado a utilizar la acusación constitucional con “cuidado” ya que “más allá de que tenemos un proceso judicial que inicio la Fiscalía, lo que resulta razonable es que se hiciera en virtud de argumentos legales que estén a firme, porque lo que se esta buscando es destituir al presidente, que hoy es Piñera pero mañana podría ser cualquier otro, si empiezas a destituir presidentes por herramientas que te entrega la Constitución que se mal usan es un daño al sistema democrático”.
Finalmente, la parlamentaria reconoció, que ante una eventual destitución del mandatario, esto no sería un golpe de Estado por ser una opción que tiene el Congreso. Sin embargo, expresó que si esta es presentada por razones meramente políticas, esta sí sería “homologable”.
“Es una herramienta constitucional, es homologable porque es una destitución eminentemente política, por una mayoría circunstancial, es un mal uso de una herramienta que le entrega la Constitución al Parlamento, destituir sin razones por el solo hecho de que es contrario políticamente. Puedo entender que se haga uso de la Acusación Constitucional si hay una investigación que esté avanzada, pero ni siquiera se ha iniciado la investigación. Sinceramente puede ser porque me cayó mal, puede ser que haya una razón que vaya más allá”, zanjó.
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