La jornada de este jueves el presidente Gabriel Boric confirmó, en medio de su gira por el norte del país, que aceptó la renuncia de la ministra Jeanette Vega, quien hasta ahora lideraba el Ministerio de Desarrollo Social.

En ese contexto, distintos personeros de la oposición entregaron sus primeras impresiones tras confirmarse la salida de Vega de la cartera.

El diputado y secretario general de RN, Diego Schalper aseguró que se trató de “un hecho inevitable” pero advirtió que “el problema no termina ahí”. 

“El problema de fondo es porqué una ministra de Estado genera un contacto con una persona que está a ese nivel de investigada (…) la responsabilidad del Gobierno no termina acá. Nosotros como parlamentarios tenemos ciertas atribuciones y las vamos a ejercer”, agregó.

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En esa línea, la senadora María José Gatica (RN) señaló que “sería bueno que el Gobierno, de una vez por todas, aclare cuáles son sus vínculos con estas organizaciones y quién más se ha contactado con grupos terroristas”.

“Cuando se trata de terrorismo y de Gobierno debe haber una muralla extensa, alta e impenetrable. Hoy el presidente acepta la renuncia de la ministra ¿fue porque estaba intercambiando ideas de Llaitul?. Deberíamos como parlamento y chilenos exigir el tráfico de llamadas, mensajes de WhatsApp y los mensajes de esa asesora que tenía el contacto de gente cercana a Llaitul”, planteó el diputado Jorge Alessandri (UDI).

Por otro lado, la presidenta de Evópoli, Luz Poblete, utilizó sus redes sociales para emplazar al gobierno a explicarle al país cuál es la relación que tiene con Llaitul.

“No basta con pedir la renuncia de la ministra, exigimos que aclare si ¿hubo instrucción del Gobierno? ¿Qué tenía que conversar con el líder de la CAM?? ¿Quién más del Gobierno se ha comunicado con él?”, redactó Poblete en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, la diputada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi, planteó que “los ministros son representantes de la confianza del presidente y por lo tanto actúan en nombre del Gobierno”. 

“Lo que aquí ha quedado develado es que el Gobierno sí tiene vínculos con la CAM y teniendo datos del paradero de Llaitul, no los aportaron a la justicia”, concluyó.

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