Este viernes el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, y el representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, fueron trasladados hasta la cárcel de Antofagasta.
Esto luego de que el Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó prisión preventiva en contra de ambos imputados en le marco de las indagatorias que desarrolla el Ministerio Público sobre los tres traspasos por $426 millones suscritos entre la fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en la arista que hizo estallar al Caso Convenios.
De acuerdo a la jueza Cici Bertoglio, la medida cautelar establecida fue decretada con base en los antecedentes fundados de la participación en esto ilícitos y porque ambos imputados representan un peligro para la seguridad de la sociedad.
“Se asignaron fondos públicos sin contar con la debida fundamentación que autorizara la contratación directa de la mencionada fundación y tampoco con los antecedentes que justificara la idoneidad para dicho contrato”, detalló el fallo judicial.
El falló también sostuvo que Contreras debió “abstenerse de entrar al asunto y luego, con clara infracción de sus deberes funcionarios, no lo hizo presente y tampoco supervisó el correcto cumplimiento de las condiciones necesarias para poder suscribir los convenios, materializándose el fraude fiscal con el depósito a la fundación Democracia Viva de los fondos señalados y con el correspondiente perjuicio”.
“Existiendo en primera instancia infracción del señor Contreras al deber de transparencia y probidad, nunca debieron ser suscritos dichos convenios y en consecuencia el perjuicio fiscal corresponde a la totalidad de los montos entregados”, añadió.
Asimismo, el fallo estableció que “en el caso del señor Andrade nos encontramos ante un delito de estafa y estaríamos en presencia de al menos dos o tres ilícitos y en consecuencias se daría la reiteración de dichos delitos”,
El tribunal estableció un plazo de investigación de 6 meses.
Defensa dice que apelará
El abogado defensor de Contreras, Andrés Bustos, aseguró que apelarán a la decisión judicial, argumentando que no es posible que su representado tuviera la “autonomía” suficiente para aprobar los convenios suscritos con Democracia Viva.
“Vamos a apelar a esta resolución, tenemos 5 días, y esperamos que la corte confirme nuestros argumentos. Es imposible que un seremi de una región tenga la autonomía y la voluntad para aprobar convenios que son extremadamente complejos desde el punto de vía económica, legal y de las garantías que se solicitan”, sostuvo el defensor.
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