El pasado 21 de diciembre, emanó desde la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) un comunicado, en el que dieron al organismo un margen de 24 horas para retirar documentos y archivos que se encontraran en el edificio.
Según consigna La Tercera, el viernes 31 de diciembre tres consejeros INDH se reunieron con voceros de la ocupación que se ha extendido por casi seis meses. En la cita habría participado el ex vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Víctor Chanfreau, y representantes de un colectivo de memoria.
El mismo medio detalla que el encuentro se habría producido vía telemática, a través de Zoom y habría durado cerca de una hora, donde los representantes de la toma insistieron en la renuncia de Sergio Micco, director nacional de la entidad.
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En ese contexto, los ocupantes de las instalaciones del INDH exigieron una respuesta al petitorio en el que hablan de reparación a las víctimas de la represión por parte de agentes del Estado durante el estallido social.
Reparación médica y económica
El petitorio entregado por parte de los integrantes de la toma sería un documento compuesto por siete páginas, en las que exigen reparación íntegra, que incluya atención médica, psicólogos, psiquiatras, oculistas especializados en trauma, cirujanos, y otros.
“La reparación no puede ser solo para los y las sobrevivientes, sino que también para sus familiares sanguíneos y por afinidad, que han acompañado los procesos de los y las mismas sobrevivientes”, dice el texto al que accedió el La Tercera PM
En ese sentido, la misiva propone que haya un profesional especializado para cada tres personas que “sobrevivieron al terrorismo de Estado empleado contra el pueblo movilizado”.
Las exigencias no sólo guardan relación con el ámbito médico, sino que también respecto a lo económico.
En ese sentido, el petitorio solicita la “reparación indemnizatoria por daño moral, tanto para las víctimas como para sus familias en una suma de $30 millones”.
Además, sostienen que “quienes se han visto en imposibilidad de trabajar, ya sea por secuelas físicas o psicológicas que han dejado los vejámenes, deben recibir una pensión por invalidez mensual y vitalicia de $3 millones”, ya que se debe contemplar los “gastos que implica sostener un hogar y una familia” y también “los gatos médicos, psiquiatras y psicólogos”.
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