La senadora por la Región de Tarapacá, Danisa Astudillo, ingresó este viernes un oficio a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) solicitando antecedentes sobre la decisión de extender hasta la semana del 20 de octubre el plazo para verificar si WOM cumplió el segundo hito del acuerdo que firmó con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para desplegar la red 5G.
La parlamentaria requirió que la respuesta sea entregada por escrito antes del miércoles 21 de octubre, fecha en que la subsecretaria de la cartera, Romina Garrido, está citada a rendir cuentas ante la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado.
La acción ocurre en el marco del acuerdo transaccional alcanzado en 2025 entre la compañía de telecomunicaciones y el CDE, que le otorgó un nuevo calendario de ejecución a la empresa luego de no cumplir con la fecha límite original fijada en octubre de 2023.
De acuerdo con los compromisos suscritos, la operadora debía tener acreditado el 90% del proyecto técnico al 30 de septiembre de 2026 y el 10% restante debe estar instalado antes del 31 de diciembre.
A juicio de Astudillo, otorgar un plazo extra para este hito “exige ser debidamente fundada, en resguardo de la igualdad de trato, de la seriedad de los compromisos adquiridos con el Estado y de la confianza de la ciudadanía en la capacidad fiscalizadora de sus instituciones”.
Exigencia de resguardo e impacto en zonas aisladas de Tarapacá
El oficio de la parlamentaria se enfocó en la Región de Tarapacá, donde el Estado fijó seis localidades obligatorias prioritarias por falta de conectividad que debían contar con señal operativa a más tardar el 7 de abril de 2023:
- Calatambo (Camiña)
- Parajaya (Colchane)
- Cultane y Corsa (Huara)
- Altos de Playa Blanca (Iquique)
- Quipisca (Pozo Almonte)
A pesar de los plazos establecidos, ninguna de las seis localidades contaba con obras recibidas ni con inicio de servicio, de acuerdo con el Informe de Estado de Avance de Proyectos de la propia Subtel del tercer trimestre de 2025.
Con ello, la senadora solicita información respecto a qué norma legal, reglamentaria o contractual facultó a Subtel a extender la verificación más allá del 30 de septiembre y bajo qué acto administrativo formal.
A ello se suma saber por qué se tramitaron solicitudes de recepción de obras que la empresa habría ingresado fuera del plazo fijado por la autoridad, que se ordenó para el 22 de septiembre y se presentó en los últimos días del mes.
Astudillo también pidió precisar sobre cuántas estaciones base se encontraban efectivamente recibidas y autorizadas al 30 de septiembre, sumado al detalle de los reclamos por “fuerza mayor” presentados por la compañía.
Esto, debido a que el propio acuerdo establece que los plazos “se entenderán cumplidos con la recepción de obras de las estaciones base autorizadas por parte de la Subtel”.
Por último, la parlamentaria por Tarapacá cuestionó la “falta de transparencia” como a la denegación de datos clave, como velocidad y avance ponderado, requeridos mediante Ley de Transparencia, los que fueron declarados en estado de “validación”.
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