Este lunes el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU), sin embargo, aun está pendiente la discusión respecto a su financiamiento, así como también la situación de quienes reciben pensiones de reparación por ser víctimas o familiares de víctimas de la dictadura.
Respecto a dicho punto, las y los congresistas han encontrado obstáculos para lograr consensos debido a la postura de la oposición, específicamente de la bancada del Partido Socialista, que busca que este incremento en los montos previsionales se sume a las pensiones de reparación.
Por otro lado, desde el Ejecutivo insisten en que la modalidad debe ser que dicho incremento, signifique que ese tipo de contribuyentes lleguen al tope de $185 mil, como el resto de beneficiarios del Pilar Básico Solidario, denominado hoy como PGU.
Finalmente se logró avanzar en los términos de lo que ya había establecido La Moneda, tanto para ampliar el rango a los pensionados más vulnerables -entre el 80% de la población-, así como la integración de los beneficiarios que son exonerados políticos, pero solo llegando hasta el tope máximo.
Lee también: Diputado Ilabaca sobre el rol del PS en el futuro gobierno: “Vamos apoyar los proyectos de transformación social”
Más allá de estas diferencias, finalmente ya fue despachado el mecanismo bajo el cual se van a aplicar los beneficios de la PGU, lo que será votado este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados, considerando que hubo cambios respecto a lo que se aprobó en el primer trámite.
Al respecto, la senadora DC, Ximena Rincón, señaló que “la idea era poder evacuar este trámite lo antes posible para que se empiece a pagar en febrero“. A esto, su par del PPD, Ricardo Lagos Weber, añadió que “nos vimos enfrentados a una situación en que había que aprobar el beneficio, porque era bueno aprobarlo, era necesario aprobarlo”, enfatizando en que debieron negociar con el Gobierno para “introducir más modificaciones al proyecto, cosa de asegurar ingresos permanentes para financiar la PGU”.
Dichos cambios en el financiamiento fueron el motor para que se ampliara la eliminación y reducción de exenciones tributarias y también que buscara una alternativa a la idea del impuesto a los súper ricos o impuesto al patrimonio, lo que derivó en que el Ejecutivo planteara un “impuesto al lujo” o a los artículos de lujo y las propiedades de alto valor (sobre los $900 millones).
Esto último generó ciertos resquemores desde el oficialismo, particularmente de la UDI, quienes solicitaron una votación separada en torno a la eliminación de exenciones tributarias y los impuestos adicionales, debido a la incertidumbre respecto a cómo se van a aplicar dichas tributaciones al lujo o la eliminación de algunos beneficios en el IVA para la construcción.
Deja tu comentario