Rincón por controversia del proyecto de incendios: “Mi deber no es apurar por presión, sino aprobar leyes que sirvan”

La senadora y presidenta de la Comisión de Hacienda, Ximena Rincón, se refirió a la controversia que ha generado el proyecto de ley de incendios, en el contexto de la emergencia que afecta a la zona centro-sur del país.

En ese marco, enfatizó que se ha estado trabajando en la iniciativa, la cual ingresó a la comisión el 17 de marzo de 2025 y ha sido puesta en tabla en cinco oportunidades.

“Se han revisado aspectos técnicos con los respectivos equipos y con el propio Ejecutivo. Sin embargo, a la fecha hay temas que lamentablemente no se despejan”, subrayó.

Asimismo, planteó que “lo más grave es que este proyecto, con las obligaciones que impone a medianos y pequeños propietarios, obligaciones perentorias que representan aportes monetarios de los propietarios de la tierra, va a terminar obligándolos a venderla, lo que concentrará la propiedad en los grandes poseedores”.

En ese sentido, recalcó que “ese tipo de situaciones las hemos pedido al Gobierno que aclare, para ver cómo se van a financiar estas obligaciones, y no ha sido capaz de transparentarlo”.

Rincón sostuvo además que “este proyecto de ley no está financiado, no está en el listado de obligaciones comprometidas por el Ejecutivo”.

Según argumentó, desde el Gobierno argumentan que “no es una obligación para este año, porque va a demorarse un año en ponerse en marcha”, agregando que “las cosas deben llamarse por su nombre, y aquí las obligaciones y responsabilidades que correspondían estaban en el Ejecutivo”.

En esa línea, apuntó directamente a las autoridades, señalando que “la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Ministerio de Agricultura y las autoridades respectivas pudieron haber prevenido estos incendios, pudieron haber abordado esta situación, y hoy día miran para el lado y culpan o responsabilizan a quien no corresponde”.

Finalmente, reiteró que “mi deber no es apurar por presión, sino aprobar leyes que sirvan”, y cuestionó que “este proyecto, tal como está, no fortalece la persecución penal, no aborda bien la restauración post incendio y traslada obligaciones sin financiamiento a pequeños y medianos propietarios”. A ello sumó que “$607 millones anuales para personal y equipamiento es insuficiente. Es más, este proyecto no tiene financiamiento para este año y el Gobierno justificó aquello señalando que recién se implementaría en 2027”.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Senadora Ximena Rincón (@ximenarincon)

¿En qué consiste el proyecto de Incendios Forestales?

El proyecto de ley fue presentado en 2023 por el Ejecutivo y actualmente se encuentra con suma urgencia, en segundo trámite constitucional.

A grandes rasgos, la iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer la estrategia de prevención de incendios forestales en el país. Para ello, propone definir zonas de interfaz urbano-rural forestal en los instrumentos de planificación territorial; fortalecer los instrumentos de gestión forestal existentes; crear zonas de amortiguación forestal de aplicación inmediata en el territorio; y dotar de facultades sancionatorias al Servicio Nacional Forestal.

Dicho proyecto establece que todo predio con plantaciones forestales, bosque nativo o formaciones xerofíticas que no cuente con un instrumento de gestión forestal aprobado, cualquiera sea el tipo de terreno donde se encuentre, deberá contar con un plan de manejo preventivo.

Esta exigencia se aplicará siempre que el predio esté emplazado en un área de amenaza de incendio de nivel crítico o alto, de acuerdo con la clasificación que realizará el Servicio Nacional Forestal.

Asimismo, la iniciativa busca establecer un nuevo procedimiento sancionador. Las infracciones se clasificarán en gravísimas, graves y leves, y las sanciones podrán alcanzar hasta las 10.000 unidades tributarias mensuales. Además, se contempla un recargo de hasta un 50% en caso de que no se subsanen las infracciones que dieron origen a la sanción dentro de un plazo de seis meses.

Otro componente relevante del proyecto es que el Servicio Nacional Forestal deberá elaborar normas de manejo de carácter general y preventivo, a las cuales los propietarios podrán acogerse. En estos casos, se entenderá por presentado el plan preventivo ante el Servicio. La iniciativa también establece que la autoridad deberá facilitar el uso de este instrumento a los pequeños propietarios.

El cumplimiento de las medidas preventivas estará a cargo de los propietarios de los predios ubicados en las zonas de amortiguación. En caso de incumplimiento, el Servicio Nacional Forestal podrá implementar las medidas correspondientes por cuenta del propietario. No obstante, aquellos dueños de predios que cuenten con un instrumento de gestión forestal aprobado por el Servicio, que incluya medidas preventivas contra incendios forestales y rurales, o un plan de manejo preventivo vigente, quedarán eximidos de las obligaciones establecidas para las zonas de amortiguación.