El pasado 5 de enero, una jauría de perros atacó a una turista brasileña en San Pedro de Atacama, en la Región de Antofagasta. La joven resultó con heridas graves, mientras que a los perros se les aplicaron vacunas antirrábicas y a algunos se les efectuó el procedimiento de eutanasia, previa autorización de los cuidadores.
Este no es el primer hecho de estas características que ocurre en la zona: en octubre de 2023, una joven de 28 años que trabajaba como guía turística murió presuntamente tras ser atacada por una manada de perros y un niño de tres años sufrió la mutilación de una oreja tras un ataque de estos mismos animales.
Estos tres sucesos llevaron a la Municipalidad de San Pedro a presentar un recurso de protección en contra de la Seremi de Salud, en el que piden sacrificar a todos los perros callejeros de la comuna. El pasado 12 de enero, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso y dio a la seremi 15 días hábiles para entregar todos los antecedentes justificativos de sus alegaciones.
Más allá de las reacciones que generó esta medida en particular, los últimos hechos volvieron a poner en la palestra el desafío que representan los ataques de perros, una problemática que no solo aqueja al norte del país, sino también al sur, donde se han registrado decenas de ataques a fauna nativa, entre ellos a pudués y zorros.
De hecho, acciones como las del municipio de San Pedro no son nuevas. Hay otras en esa línea, como el proyecto de ley que busca declarar a los “perros asilvestrados” como especie exótica invasora, una iniciativa que sigue siendo tramitada en la Cámara. Las opiniones son muchas, las soluciones variadas y las posturas polarizantes, pero el problema sigue ahí.
¿Una especie exótica invasora?
El lunes 22 de enero, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a la Sala el proyecto de ley que busca declarar a los perros asilvestrados como “especie exótica invasora” y disponer “su control por parte de la autoridad competente”. La iniciativa fue presentada por el diputado Harry Jürgensen (IND) en noviembre de 2018.
Jürgensen sostiene a CNN Chile que los perros asilvestrados son un problema “global” y que están causando hace mucho tiempo un “daño inmenso a personas, ganadería y nuestra fauna silvestre”. Su proyecto entiende como perro asilvestrado a aquellos canes de segunda o tercera generación que han “dejado de ser mascotas domésticas, regresando a un estado salvaje”.
“Los detractores piensan que esto puede causar un caza indiscriminada de perros, pero aquí estamos hablando de control específico a perros asilvestrados que ya no son mascotas. Estos perros ya están en la vorágine de atacar, o sea, vuelven a su origen como cazador, y cuando cae un perro en esa vorágine es muy difícil que vuelva a reinsertarse para ser una mascota”, agrega.
De acuerdo al parlamentario, estos canes ya volvieron a “ser cazadores y no uno que caza para comer, sino que la actitud y temperamento de estos perros es tan grave, que muchas veces matan varios animales y ni siquiera se los comen; caen en una conducta agresiva, complicada y no hay ninguna forma de volver a recuperarlos”.
“Merecen respeto por su vida”
Para Marysabel Pavez, abogada de la Fundación Derecho y Defensa Animal, la propuesta de Jürgensen encubre “una vez más” la intención de incluir a los perros en el listado de los animales que se pueden cazar. “Envuelto en muchas cosas que parecen sensatas, está entremedio esta intención de caza. La única diferencia es que ahora le ponemos un texto más amable”, afirma.
Pavez recalca que la caza en sí misma “no es una solución, es un acto cruel, simplista y un círculo vicioso, ya que el hecho que caces un animal no corta la cadena de animales abandonados, no así hacer más intensivo el estudio respecto a las zonas donde estos problemas están ocurriendo, ya que aquí lo que falta es un estudio integral sobre las zonas en que pasa”.
Según Pavez, las soluciones deben incluir una inversión estatal “significativa” que vaya desde estudios y la identificación de la zona, hasta poder reinsertar a estos animales en la sociedad o darles una mejor vida. “Para evitar inversión se buscan soluciones como la caza (…). Siempre hay una persona detrás de esto y aun en el caso de no haberlo, el animal merece un trato ético y el respeto por su vida”.
“Mientras no tengamos una institucionalidad 100% dedicada al tema animal y no tengamos una orgánica que defienda a los animales de forma institucional y permita implementar programas que tengan intersección con otro organismo, será muy difícil, ya que aquí hay un problema desde la educación a nivel básica hasta un problema de estudios sobre localidades específicas”, enfatiza.
El caso de Chiloé
La Fundación Chiloé Silvestre, que se dedica, entre otras cosas, a la rehabilitación de la fauna silvestre, ha experimentado desde el año 2017 un aumento en el ingreso de animales: en el caso de los pudúes, partieron recibiendo cerca de 10 ejemplares en 2017, 2018 y 2019, hasta llegar a 60 en 2022. La principal causa de ingresos de estos animales en particular son los ataques de perros (60-80%).
“Muchas organizaciones hablan de perros asilvestrados, pero en Chiloé, y en la mayoría de Chile, no son asilvestrados; tienen propietarios, solo que no los tienen como deberían o no como establece la ley”, dice Javier Cabello, presidente del organismo.
Cabello afirma que en las zonas rurales, donde ocurren la mayoría de los ataques a la fauna, los perros “no son mascotas, son animales de trabajo y se tratan de otra manera, son considerados muy diferente”.
De acuerdo con el veterinario, los perros de las jaurías del norte, que no tienen relación con los humanos, sí deberían ser considerados especie exótica invasora, tal como el visón, el cual “se caza, mata y nadie dice absolutamente nada”. Pese a ello, Cabello recalca que “la discusión se va en si hay que matar o no perros, pero no es así, la discusión no puede ser tan sencilla, no hay una receta mágica que con una sola acción solucione el problema”.
Soluciones con conocimiento del territorio
En el país, las mascotas, especialmente los perros y los gatos, son animales muy queridos por las personas. Sin embargo, de acuerdo a instituciones como el Colegio Médico Veterinario (Colmevet), la práctica de permitir que circulen libremente pueden generar diversas dificultades tanto para los mismos animales como para la sociedad en general: en la seguridad vial, en la salud pública, en la fauna silvestre, la ganadería y los ecosistemas.
Frente a este contexto, el Colmevet afirma que se deben plantear soluciones con conocimiento del territorio, ya que la problemática tiene formas diferentes. “El camino a la solución efectiva debe ser congeniando criterios entre distintos actores con interés en la materia, y para eso hay que sentarse a conversar. En paralelo, fortaleciendo e implementando las políticas públicas, mejorando capacidades en los territorios y avanzando en propuestas racionales”.
“De forma global, hay varios procesos que deben mejorarse para avanzar en una solución efectiva: promover la educación en tenencia de mascotas a todo nivel, fortalecer la identificación obligatoria de mascotas mediante dispositivos internos, aumentar la cantidad de esterilizaciones quirúrgicas y fiscalizar de manera eficiente las normas disponibles”, agrega Gerardo Morales, prosecretario nacional del ente.
Desde la organización enumeran algunos ejemplos de soluciones con conocimiento del territorio a largo plazo, siempre entendiendo esta problemática a través de sus diferentes formas, ya sea en el norte, centro o sur del país. De acuerdo con el Colmevet, la principal solución radica en la implementación “adecuada” de políticas públicas relacionadas con la tenencia responsable de mascotas, como:
- Potenciar la educación.
- Avanzar en la identificación obligatoria de mascotas.
- Control reproductivo efectivo con miras a disminuir la tasa de natalidad de cada comuna.
- Fiscalización efectiva de las ordenanzas y otros cuerpos legales.
- Que los municipios potencien sus programas locales sobre tenencia responsable.
- Implementar programas pilotos en zonas geográficamente aisladas como islas y archipiélagos, regulando el ingreso de ejemplares y esterilizando mascotas para disminuir su impacto, además de promover la tenencia dentro de la propiedad, evitando que circulen libremente.
La visión del Estado
Diversos países han implementado medidas significativas para controlar el número de perros abandonados. Mientras España busca reforzarlo a través de su Ley de Bienestar Animal, cuyo fin es evitar el abandono, además de promover la adopción y tenencia responsable, Países Bajos ya lo logró gracias a su programa de captura, esterilización y suelta de los animales, la que se suma a medidas como el aumento de impuestos a quienes compren perros de raza.
En Chile, uno de los organismos del Estado a cargo de medidas de control animal, en este caso perros, es la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), quienes a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) han desplegado esfuerzos en tres direcciones:
- En el aspecto normativo, a través de la creación del Reglamento de la Ley 21.020, conocida popularmente como Ley Cholito.
- Mediante la implementación de los fondos concursables para las personas jurídicas sin fines de lucro promotoras de la tenencia responsable.
- A través del financiamiento de proyectos veterinarios a las Municipalidades y Delegaciones en todas las regiones del país.
Respecto a los ataque de canes, desde la Subdere manifiestan que la mayoría son por perros con dueño y no asilvestrados, siendo “la irresponsabilidad humana en la tenencia de mascotas la causa principal del problema”.
“La academia y evidencia científica indican que los problemas asociados al ataque a fauna y ganado se deben en más de un 90% a una falta de tenencia responsable”, detallan.
Frente a este escenario, desde el ente concuerdan en que un análisis responsable de la problemática debe necesariamente abordar el caso a caso “desde la interdisciplinariedad y con apoyo de especialistas en comportamiento animal”.
“La solución se visualiza como un conjunto de medidas con enfoque técnico y en el contexto de una estrategia de política pública implementada desde lo local, regional y nacional, con cobertura y presupuesto suficientes. Estas acciones -que incluyen generación de contenidos educativos; reforzamiento de esterilizaciones; aumento de las capacidades municipales, entre otros- requieren ser sistemáticas y continuas en el tiempo, además de potenciarse mediante articulación intersectorial y alta participación ciudadana”, concluyen.
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