Este martes se conoció que la Fiscalía solicitó formalizar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en el marco del caso “Farmacias Populares“, que investiga eventual corrupción en la compra y venta de insumos desde la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) durante el COVID-19.
Desde el mundo político no tardaron en reaccionar a la noticia. En la vereda de la oposición, el republicano José Antonio Kast opinó en su cuenta de X que “luego de más de 10 años de corrupción, delincuencia y destrucción en Recoleta, por fin la justicia empieza a actuar (…). Espero que pronto esté en la cárcel”.
En la misma línea, su compañero de partido, el diputado José Meza, acusó que la autoridad y el PC han usado la comuna como una “caja pagadora para fines políticos y personales”, y que la petición de Fiscalía “es el primer paso para recuperar la dignidad y la integridad que Recoleta perdió en manos del Partido Comunista”.
En tanto, la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, apeló al “criterio Tohá”, que establece que los funcionarios públicos y de Gobierno deberían dejar sus cargos en caso de formalizaciones: “Según criterio Tohá, (Jadue) debe dejar cargo! Creo que debe revisarse caso a caso, no comparto (el) criterio de (la) ministra”.
A ello se suman los dichos del concejal por Recoleta, Felipe Cruz (RN): “Esperamos que Jadue no busque las excusas de siempre y enfrente a la justicia”.
Según dijo, en el Concejo Municipal y él -como único concejal de oposición- se advirtió “desde el día uno la gravedad de estos hechos. A medida que fueron apareciendo los antecedentes y en virtud de la fiscalización que realizamos, nos parecía evidente a todas luces que los hechos eran constitutivos de delito”.
¿Qué dijeron desde el PC?
Desde el oficialismo, el ex convencional constituyente Marcos Barraza (PC) indicó a Radio Cooperativa que “conforme se vaya desarrollando el proceso judicial, (Jadue) irá demostrando que no ha actuado indebidamente”.
Además, señaló que no es primera vez que se le imputa un “acto indebido”, así como “no es primera vez que ha demostrado su inocencia. Es más, ha abierto sus cuentas bancarias de manera proactiva, no por determinación de tribunales o de la Fiscalía”.
El también exministro acusó que la autoridad “ha estado sometido a una permanente campaña de hostigamento“, apuntando contra periódicos que “se han dedicado a editorializar respecto del tema en cuestión”.
“Y lo que se ha puesto en cuestión es principalmente una política pública que ha sido especialmente beneficiosa para la ciudadanía, que ha sido la venta de medicamentos a precios bajos. Creo que eso es indesmentible desde el punto de vista de una política de protección social a escala municipal, eso ha despertado iras del mercado, de diferentes actores, y es indiscutido. Ha habido mucha controversia en el pasado”, manifestó.
Por su parte, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, apeló a la prudencia tras conocerse la petición del Ministerio Público. “Nos gustaría que en estas materias se actuara con absoluta prudencia, como se ha hecho en otros casos, donde se ha sido extremadamente cauto en los juicios, donde prácticamente ni la Fiscalía ni el Consejo de Defensa del Estado se refieren y, por lo tanto, nos gustaría que esa prudencia que es sana funcionara en todos los casos”, afirmó Figueroa en el programa Línea Uno de Santiago TV y Radio Usach.
Otras reacciones
Por otro lado, el jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, dijo a Radio Infinita que una vez que Fiscalía solicita la formalización y el tribunal fija la fecha para ello, “comienza a correr un taxímetro que tiene varias consecuencias”, entre ellas que “no puede archivar esa investigación” y solicitar medidas cautelares personales y para recuperar fondos mal habidos eventuales”.
En esa línea, acotó que en los casos donde se formaliza a personajes públicos, quien resuelve son los tribunales de justicia: “Nosotros no hacemos aspavientos ni populismo respecto a las causas (…). El Ministerio Público no litiga para la galería”.
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