De forma unánime, la Cámara de Diputados aprobó por 149 votos el proyecto que modifica el Código Penal para establecer duras sanciones a quienes agredan a funcionarios de la salud o de educación.
El texto indica que se sancionará con penas de privación de libertad a quienes “hieran, golpeen o maltraten de obra a un funcionario o trabajador de un servicio de salud, o a un docente, personal asistente de la educación o manipuladoras de alimentos que presten servicios en establecimientos educacionales pre-básicos, básico y medio, en instituciones reconocidas por el Estado, en el ejercicio propio de su cargo, o con ocasión de él”.
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La ley establece penas de presidio mayor en su grado medio (desde 541 días a 5 años) “si las lesiones producen al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días” y presidio menor en grado mínimo a medio (desde 61 días a 3 años y un día) si le causa lesiones menos graves.
A la vez, impone penas de presidio mayor en su grado máximo (desde 10 años y un día) “si debido a las lesiones el ofendido queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme”.
Esta iniciativa fue despachada al Senado. El Gobierno anunció además que dará urgencia a este proyecto en su paso por el Senado, para su pronta aprobación.
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