La acusación constitucional contra el exministro Antonio Ulloa desató una guerra política entre Yasna Provoste y Daniella Cicardini. En medio de denuncias por intervencionismo y presuntos delitos en el municipio de Copiapó, ambas parlamentarias endurecieron sus dichos.
Lo que comenzó como la revisión de la acusación constitucional contra el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa terminó desatando una disputa política en Atacama. La senadora Yasna Provoste (DC) y la diputada Daniella Cicardini (PS) cruzaron duras acusaciones que ahora involucran al municipio de Copiapó y al entorno familiar de la parlamentaria socialista.
La controversia se originó tras la declaración de Ulloa, quien aseguró haber sostenido “conversaciones informales” con Provoste en 2020. El diputado Daniel Manouchehri (PS), pareja de Cicardini, tomó esa mención para emplazar a la senadora durante la sesión del Senado, lo que provocó gritos y llamados a expulsarlo del hemiciclo por supuestamente montar un “show electoral”.
En respuesta, Provoste acusó intervencionismo electoral y denunció “corrupción familiar” en la Municipalidad de Copiapó, dirigida por Maglio Cicardini, padre de la diputada. La Contraloría abrió una investigación por presunto uso de recursos públicos en apoyo a campañas políticas, mientras la Fiscalía Regional de Atacama mantiene diligencias activas.
“¿Por qué cuando el alcalde Cicardini, padre de su pareja, contrata empresas fantasmas para desfalcar a los copiapinos, el diputado guarda silencio?”, cuestionó Provoste en entrevista con T13 Radio, calificando a los Cicardini como un “clan familiar”.
Desde el otro frente, Daniella Cicardini aseguró que las indagatorias contra su familia responden a una venganza política. Afirmó que está siendo perseguida por haber sido una de las primeras querellantes del caso Luis Hermosilla y acusó a Provoste de estar “protegida por esa red”.
El conflicto también escaló en el Congreso. El senador Pedro Araya (PPD) calificó la intervención de Manouchehri como una “maniobra electoral”, mientras que Fidel Espinoza (PS) anunció una querella por injurias y calumnias en su contra.
En paralelo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, lamentó el clima en el Senado y llamó a que “las investigaciones sigan su curso”. En el Poder Judicial, el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, reconoció que “no fue un día feliz” y cuestionó que “no es razonable destituir ministros de Cortes por actos como los de Ulloa”.
Mientras tanto, el alcalde Maglio Cicardini pidió que la causa contra su municipio sea trasladada a otra región, mientras la Fiscalía Regional de Atacama rechazó “categóricamente” las acusaciones de presión o manipulación.
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