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El pasado miércoles, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó un categórico informe sobre la situación en Venezuela, acusando al gobierno de Nicolás Maduro de “crímenes de lesa humanidad”.

Después de investigar 223 casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, y de revisar 2.891 incidentes adicionales para corroborar patrones de violaciones y crímenes, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela encontró que el gobierno venezolano, como así como otros agentes estatales y grupos que trabajaban con ellos, habían cometido “violaciones atroces”.

Ante esto, se ha generado una nueva ola de críticas a la gestión de Maduro al mando del país sudamericano. En Chile, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, calificó a Venezuela de “dictadura pura y dura”.

Mientras que parlamentarios de oposición como Gabriel Boric (CS) y Camila Vallejo (PC) han indicado que las violaciones a los derechos humanos “son intolerables y no pueden quedar impunes”.

Al respecto, el Partido Comunista -donde milita Vallejo- publicó una declaración en que respalda las acciones de Nicolás Maduro y acusa de intervencionismo de otros países.

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Esta acusación hacia Venezuela, como se reconoce en el ‘informe’, es fruto de un trabajo desarrollado desde fuera del país, un texto redactado en base a versiones obtenidas a distancia, en el que no se ha tenido un intercambio real con las autoridades de ese Estado, es decir, carente de pruebas fácticas, por lo que no es una visión de conjunto de las situaciones que se han vivido, por lo que sus referencias a actos reñidos con los derechos humanos tiene carencias de rigurosidad“, afirmó.

El partido admite que el país “continúa sufriendo una hiperinflación y una severa escasez de alimentos y medicinas, pero (el informe de la ONU) no dice una palabra sobre el bloqueo y la injerencia extranjera encabezada por los Estados Unidos y Colombia que es la principal causa de esa situación“.

El PC rechaza, denuncia y alerta sobre la escalada comunicacional, diplomática y de presión hacia terceros países, articulada desde la administración de EE.UU., de la que el gobierno de Chile se hace parte, con el fin de desestabilizar, desacreditar e intervenir en este proceso electoral y crear condiciones para una nueva crisis con propósitos desestabilizadores”, agregó.

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