Esta jornada, el presidente de Asoducam, Fredy Martínez, anunció que los camioneros mantendrán las movilizaciones tras no alcanzar acuerdo con el Gobierno.
Representantes de transportistas se reunieron con el ministro (s) del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve, y con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, para conocer la propuesta del Ejecutivo y conseguir un pacto para poder finalizar el paro de casi una semana.
Ante esto, Martínez indicó que: “Nosotros también pusimos una condición que es una condición normal para protestas pacíficas como hemos llevado a cabo nosotros, que era que no hubiera querellas involucradas con nuestros dirigentes ni nuestra gente. Y con el avanzar de la reunión estábamos de acuerdo en ese punto, pero lamentablemente nos ha comunicado el ministro subrogante del Interior que eso no ha sido posible. Por lo tanto, se interrumpieron las conversaciones“.
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Ante esto, el Gobierno anunció el miércoles que invocaría la Ley de Seguridad del Estado contra los camioneros que no despejen las carreteras. Hasta el momento, ya van 31 querellas.
Estas son dos en Arica, siete en Antofagasta, cinco en Atacama, cuatro en Tarapacá, tres en Coquimbo, seis en Valparaíso, dos en la Región Metropolitana y dos en O’Higgins.
Asimismo, hay 12 detenidos por LSE: cuatro en Arica, uno en Alto Hospicio, dos en Antofagasta, y cinco en Coquimbo.
Respecto a los primeros cuatro, posteriormente quedaron en libertad y con las cautelares de firma bimensual y prohibición de participar en movimientos que alteren la circulación de las personas.
Asimismo, existen cinco formalizados por los Art. 4, letras c y d de la Ley de Seguridad del Estado.
¿Qué implica esto?
Desde Interior, afirmaron que “en esta oportunidad, para el resguardo de la comunidad, se aplicó el artículo 4, en sus letras c y d que se refieren a los que comenten delito contra el orden público”.
La letra C de la LSE dice: “Los que se reúnan, concierten, o faciliten reuniones tinadas a proponer el derrocamiento del Gobierno constituido o a conspirar contra su estabilidad”.
Mientras que la D dice: “Los que inciten, induzcan, financien o ayuden a la organización de milicias privadas, grupos de combate u otras organizaciones semejantes y a los que formen parte de ella, con el fin de substituir a la fuerza pública, atacarla o interferir en su desempeño, o con el objeto de alzarse contra el Gobierno constituido”.
Asimismo, quienes son detenidos y querellados por esta ley se enfrentan a: “Los delitos previstos en el artículo anterior serán castigados con presidio, relegación o extrañamiento menores en sus grados medio a máximo, sin perjuicio de las penas accesorias que correspondan según las reglas generales del Código Penal”.
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