En el examen periódico del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, el organismo pidió a Chile que evite aplicar atenuantes o beneficios carcelarios en las penas contra criminales de lesa humanidad.
La instancia además solicitó al gobierno que ninguno de estos casos sea revisado por la justicia militar y recomendó que “adopte las medidas necesarias para garantizar que los responsables de desaparición forzada sean siempre sancionados con penas apropiadas que tengan en cuenta la extrema gravedad del delito“.
El comité manifestó su preocupación debido a que en algunos de estos casos se aplicaron atenuantes tales como la “conducta anterior irreprochable”, y que se hayan sustituido penas de prisión por libertad condicional.
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También lamentó el hecho de que la desaparición forzada aún no haya sido tipificada como un delito autónomo en Chile, y que aún no se hayan iniciado procesos judiciales en 355 casos de secuestro, detención ilegal, aplicación de tormentos y desapariciones reconocidos, frente a 834 causas que sí están abiertas.
El examen ante el comité se realizó el pasado 9 y 10 de abril, instancia en la que además se exigió a la delegación encabezada por la subdirectora de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Lorena Recabarren, mayor celeridad en las investigaciones relacionadas con la sustracción de menores en Chile, que alcanzan cerca de 341 casos (y de ellos al menos 279 ocurrieron en dictadura).
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