Continúa la crisis de las isapres luego que acusaran “falta de celeridad” a la Superintendencia de Salud, respecto al cumplimiento del fallo que dictó la Corte Suprema en el cual estableció aplicar una nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso. Tras estos llamados, el Ministerio de Salud retomará la mesa de trabajo para evaluar la situación.
El sistema público ya ha empezado sentir repercusiones ante la crisis. En noviembre de 2022, el 21,7% de los afiliados de aseguradoras privadas migraron a Fonasa. Desde el Ministerio de Salud, aclararon que están enfocados en cómo la Superintendencia de Salud entregará un mecanismo al reajuste en la tabla de factores de las isapres, para luego de esta resolución medir las respectivas consecuencias y presentar propuestas con prudencia y responsabilidad.
“En este momento estamos concentrados en cómo se dará el cumplimiento al fallo y cómo seguir trabajando para brindar estabilidad al sistema, y analizar las propuestas que nos está entregando el Congreso”, señaló la ministra de Salud, Ximena Aguilera.
Propuesta de la bancada demócrata cristiana
En diciembre del año pasado fue el último encuentro entre las isapres y las autoridades de salud. Ante este panorama han surgido diversas propuestas en el Congreso.
La bancada de diputados de la Democracia Cristiana presentó una reforma constitucional que pretende apoyar a los afiliados en caso de que la isapre se declarará en insolvencia y tiene propósito que, independiente del sistema de salud que escojan, se debiese respetar su plan, beneficios y prestaciones.
“Esta reforma constitucional lo que asegura es que si sales de tu sistema privado de salud, no te castiguen tanto en Fonasa como en isapre, ya sea por preexistencia de salud o si es que por la edad quieran aumentar el plan”, aclaró el parlamentario Eric Aedo (DC).
Desde la perspectiva de los expertos, esta propuesta es inviable, en primer lugar porque las isapres no se encuentran en condiciones de adaptar sus prestaciones a los planes de cada afiliado, y en segundo lugar el sistema de salud público no tiene la capacidad de recibir a más de 300 mil pacientes Ges, que pasarían de aseguradoras privadas a Fonasa.
En esa misma idea, el ex superintendente de Salud, Héctor Sánchez, aseguró que esta propuesta no tiene mayor proyección, “no va a haber sector privado porque va a estar quebrado, la única alternativa que va a existir será Fonasa, y en ese escenario si se quieren garantizar los mismos beneficios que tenían los contratos privados, no lo podrán hacer, ya que esto implica gasto público”.
“Esta crisis es muy largo y de muchas consecuencias, requiere mayor seriedad ante el planteamiento de estas soluciones”, recalcó.
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