Este miércoles la Asociación de Isapres de Chile emitió una declaración en el cual acusó “falta de celeridad” a la Superintendencia de Salud, respecto al cumplimiento del fallo que dictó el pasado 30 de noviembre de 2022 la Corte Suprema, en el cual estableció aplicar una nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso, así como también reclamaron que “no se ha vuelto a citar la mesa de trabajo” para analizar la situación de riesgo que enfrentan las aseguradoras de salud.
En el comunicado detallaron el protagonismo que tiene la Superintendencia de Salud, puesto que este organismo “determinará si continúan o no las isapres, y con esto, las coberturas que han elegido, de acuerdo con sus necesidades, más de tres millones de afiliados”.
El presidente de la Asociación de Isapres de Chile, Gonzalo Simón, agregó que “la decisión que tome la Superintendencia de Salud va a determinar si continúan o no las isapres y con esto la cobertura que han elegido más de 3 millones de afiliados. Si la autoridad opta por inhabilitar operativamente a las isapres no solo serán contrario a lo dispuesto por la Corte Suprema, que ordenó a regular el funcionamiento futuro del sistema, también se causaría un daño irreversible a la red completa que atiende a la mitad del país, impactando en cadena a prestadores, médicos, afiliados y especialmente a quienes sufren problemas de salud”.
En cuanto a las repercusiones que podría generar un eventual cierre de las aseguradoras de salud, la Asociación de Isapres, señaló que “si el gobierno opta por un cierre forzoso de las isapres, casi 350 mil pacientes Ges quedarán desprotegidos y forzados a migrar intempestivamente al Fonasa, agravando el problema de oportunidad que tiene a casi 2,3 millones de personas en lista de espera“.
“Por eso es imperioso que la Superintendencia de Salud informe sus definiciones a las Isapres y entregue lineamientos, al menos generales, con la mayor celeridad, para dar claridad a las personas y al sistema”, recalcaron en su declaración.
En ese sentido, plantearon que el sector tiene preocupación por la reforma que está prevista para fin de año o comienzos de 2024. En este contexto, expusieron la necesidad de responder “a quienes más lo necesitan, permitiendo el necesario espacio de discusión para transitar apropiadamente al nuevo ordenamiento, con las garantías de oportunidad, acceso y libertad de elección que exigen las personas”.
“Los plazos apremian y no se evidencia que el gobierno esté ponderando el peligro de una crisis sanitaria de esta magnitud”, concluyó el representante de las isapres.
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