Esta semana se revelaron nuevos detalles de la primera sesión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) convocada por el presidente Gabriel Boric, instancia en la que se dieron a conocer los resquemores del Ejército y la Armada respecto al control del orden público.
Los resultados del encuentro han levantado diversos cuestionamientos a las posturas y pronunciamientos de las Fuerzas Armadas en relación con el despliegue de personal militar en las calles para ayudar a enfrentar la crisis de seguridad.
En ese sentido, una de las ideas barajadas desde hace meses por parte de sectores políticos es el desplegar funcionarios de las distintas ramas en las zonas urbanas que vivan de manera patente la crisis de seguridad. Sin embargo, existen comentarios por parte de los aludidos que irían en la línea de evitarlo mientras no existan ciertas garantías.
¿Qué dicen los Altos Mandos sobre un eventual despliegue militar?
El comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, integrante del Cosena, señaló que su institución no posee el “entrenamiento, educación o equipamiento adecuado” para resguardar el orden público.
No obstante, añadió que están disponibles a colaborar si hay un proceso de transición para la acción del Ejército en zonas urbanas, siempre que haya claridad legal sobre “deberes y roles”.
“Para ello se requiere un marco jurídico robusto, que no promueva la impunidad, sino que la existencia de reglas claras y protección legal adecuada”, dijo.
Por su parte, el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Hugo Rodríguez, pidió claridad respecto a la intervención de sus funcionarios.
Afirmó que su institución puede aportar en “la capacidad de visualización de los objetivos de protección, dado que sus labores terrestres no son muy significativas”.
A su vez, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, manifestó que era inconveniente “establecer estados de excepción constitucional en las en zonas urbanas”, pero compartió la preocupación por proteger ciertos puntos.
También destacó que falta una visión sistémica y, en ese sentido, dijo que la creación del Ministerio de Seguridad y Prevención del Delito sería un aporte.
En conversación con CNN Prime, el excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, aseguró que “no se puede colocar una tropa en una población”, porque “el soldado va a tener una respuesta militar. Me gustaría que, junto con pedir eso, se hagan responsables también”.
Asimismo, sostuvo que ante los pedidos de que las Fuerzas Armadas actúen en el orden público, se les debería entregar “claras reglas de uso de la fuerza para que finalmente no sean los soldados que tengan que cumplir penas de cárcel. Porque eso es lo que está pasando”.
Declaraciones de las autoridades de Gobierno
La ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó la importancia de abordar los detalles generados por el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas urbanas con alta afluencia de público y de escuchar los reparos de las FF.AA. ante la situación.
La titular del Interior también explicó que en una primera instancia la labor del Ejército “en las calles” estaría distribuida en perímetros que son de infraestructura crítica, y para que esto suceda debe aprobarse la implementación del proyecto de infraestructura crítica.
De aprobarse la medida, se podría ver a militares en lugares como Estación Central, Intermodal Cisterna o ciertas estaciones de metro, y desplegados en perímetros particulares, lo que serviría para descongestionar la labor de Carabineros y así estos puedan, entre otras cosas, ir a poblaciones o sectores más complejos, indicó en conversación con 24 horas.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo que hay consenso en que la labor de seguridad “pueda ser complementada por las FF. AA. en el marco de una Ley de Infraestructura Crítica“.
En conversación con CNN Chile, la autoridad enfatizó en la necesidad de avanzar en la ley de infraestructura crítica, en la reglamentación del uso de la fuerza y establecer una formación o capacitación del personal militar para cumplir labores de orden y seguridad.
Las Fuerzas Armadas “no están preparados para hacer un control de identidad, registrar personas o conocer los procedimientos para una detención, por ejemplo, esa capacitación se puede entregar“, como se hizo en la Macrozona Norte para el despliegue de las fuerzas de orden en la frontera, puntualizó Monsalve.
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