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Esta semana se conoció el lamentable fallecimiento de Patricio Pardo Muñoz, joven de 26 años que cometió suicidio producto de una severa depresión causada luego de haber sufrido la mutilación ocular en el marco de las manifestaciones del estallido social en 2019.

La situación reforzó las críticas que se han generado contra el Estado en torno a una rehabilitación efectiva de las víctimas de trauma ocular.

Desde el Instituto de Derechos Humanos (INDH) se refirieron a esta situación ante la Comisión de DD.HH. del Senado, que sesionó para abordar los protocolos y medidas de acompañamiento que se han tomado para las personas que fueron vulneradas.

En ese sentido, el INDH advirtió que ha interpuesto más de 3 mil querellas relacionadas con los episodios de violencia durante las protestas, lo que se tradujo en la necesidad de generar servicios especializados de reparación para las y los afectados.

Según señaló el organismo, hasta el 30 de noviembre de este año, de los más de 3 mil casos, solo 236 declararon haber recibido alguna ayuda física, mental o social, mientras que otros 226 afirmaron que no insistirán con el proceso penal, por no ver resultados favorables.

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Asimismo, la entidad aseguró que el Programa Integral de Trauma Ocular (Piro) es un esfuerzo valorable por parte del Estado, pero no ha sido suficiente para proteger y ofrecer reparación a todas las víctimas.

Nosotros hemos tenido reuniones para facilitar los protocolos de apoyo a las víctimas. El 23 de diciembre tendremos el resultado de la implementación de las recomendaciones que hicimos”, señalaron desde el INDH, según consigna Biobío.

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