(EFE) – La organización ecologista Greenpeace expresó su preocupación por el nuevo proyecto de ley ambiental presentado este miércoles por el Gobierno, con el que pretende modernizar y agilizar una normativa redactada hace 30 años, ya que en su opinión “fue hecho a la medida de la industria para facilitarles la inversión en desmedro del cuidado medioambiental”.
En declaraciones a EFE, Estefanía González, subdirectora de Campañas en Greenpeace en Chile, denunció que existen dudas sobre si la meta última y oculta es reducir las normas que protegen el medioambiente.
“Nos preocupa que estos anuncios se hicieran justo después de las reuniones que seis ministros de Gobierno tuvieron con representantes de la industria, como es el caso de la industria salmonera, a espaldas de la ciudadanía, y esto no hace más que levantar dudas y sospechas. Estas reformas fueron hechas a la medida de la industria para facilitarles la inversión en desmedro del cuidado medioambiental“, afirmó.
También se cuestionan, “si esta reforma en vez de destrabar trámite, lo que busca es reducir la protección del medioambiente y la sospecha tiene asidero en estas negociaciones que el Gobierno realizó al margen de la ley, buscando beneficiar a los privados en desmedro de las comunidades y el medioambiente y cuyo contenido es desconocido para la mayoría de las y los chilenos”.
Al hilo de estos argumentos, González mostró su inquietud sobre “las informaciones que hoy han circulado referente a que las autorizaciones que tienen que hacer algunos organismos del Estado serían reemplazadas por declaraciones juradas de las empresas en un contexto donde tenemos un historial de empresas que no cumplen la ley, que ocultan información, que mienten”.
Explicó que hay gran “cantidad de denuncias en la Superintendencia de Medioambiente, donde algunas empresas no cumplen siquiera con sus Resoluciones de Calificación Ambiental“. Además, de que “se ha instalado esta idea errada de que la ´permisología´ en Chile, es muy difícil obtener los permisos, donde la verdad es que tenemos todo el país, de Arica a Magallanes, repleto de proyectos de inversión de los más diversos sectores productivos, de cordillera a mar”.
“Por supuesto que estamos de acuerdo con la modernización del Estado, con reglas claras, pero no solamente para los privados. Hoy son muchas las comunidades que tienen dificultad en acceder a la justicia ambiental y que no tienen claros los procedimientos cuando los procesos de evaluación no se hacen adecuadamente. Entonces, por qué decidir hacer algo solo mirando a las empresas y no mirar también qué pasa con la sociedad civil, la comunidad afectada, los vecinos y vecinas”, agregó.
Es por ello que Greenpeace cree que el nuevo proyecto de ley y la forma en la que está actuando el Gobierno “genera mucha desconfianza” y que las “certezas (que se entreguen) en términos de desarrollo y económicos tiene que ser dando certezas de la protección del medioambiente”.
“Actualmente, cualquier país que quiera avanzar de manera correcta tiene que ser de la mano de la protección de los ecosistemas. Acá las prioridades se tienen que poner en la protección de las personas, de las economías locales, de un desarrollo que sea sostenible”, concluyó.
Contenido del proyecto
Tras la presentación del proyecto de ley, la ministra chilena de Medio Ambiente, Maisa Rojas, afirmó a EFE que el objetivo es racionalizar los trámites burocráticos para lograr un equilibrio virtuoso entre el estímulo económico sostenible y la protección del medioambiente.
Uno de los pilares es la reducción de plazos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que según Rojas hace el proceso más eficaz sin afectar a los mecanismos de protección, extremo del que dudan los grupos ambientalistas.
“Los tres pilares (del proyecto) aseguran de que se cumplan con los dos objetivos: tanto el de dar certeza a todos, manteniendo estándares medioambientales” como “la reducción de los tiempos que se demoran la tramitación de los proyectos”, dijo Rojas.
Además, incluye un instrumento de “evaluación temprana voluntaria” que permite a las empresas afinar sus proyectos antes de presentarlos y ayuda a “bajar la conflictividad socio ambiental y de esa manera bajar la judicialización, que es parte de los problemas que tenemos, y que redundan en un aumento en la tramitación de los plazos para las empresas”, detalló.
El proyecto de ley, que presentó el propio presidente Gabriel Boric en presencia de gran parte de su gabinete, responsables de empresas, la patronal, ONG y otros agentes sociales, pasa ahora para su discusión y eventual enmienda al Congreso, que debe aprobarlo.
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