Gobierno por proyecto de penas en casa para presos mayores o enfermos: “192 condenados por abusos sexuales podrían beneficiarse”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, cuestionó en la Sala del Senado el proyecto de ley que permite a los presos con enfermedades terminales o que hayan cumplido cierta edad —70 años hombres y 65 mujeres— cumplir sus sentencias en sus casas.

El secretario de Estado lamentó que el proyecto no pase a la Comisión de Constitución y entregó cifras para respaldar la postura del Ejecutivo, entre ellas que hay 370 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad que podrían ser beneficiados de este proyecto.

Además señaló que hay 365 personas condenadas por delitos comunes, de los cuales 192 están condenadas por abusos sexuales, 155 por delitos de violación, 27 por delitos de homicidio y cinco por parricidio, que también podrían ser beneficiados con este proyecto.

“Tiene un conjunto de falencias técnicas y además de tener falencias técnicas realmente importantes, es un proyecto que es contrario al Estatuto de Roma y es contrario a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, agregó el ministro.

Respecto a las falencias de este proyecto, especificó que no se establecen elementos para definir qué se entiende por enfermedad crónica, ni se entregan parámetros sobre la gravedad de la misma, tampoco se define lo que se entiende por tratamiento adecuado en el sistema penitenciario, pudiendo dar lugar a interpretaciones equívocas en el sistema penitenciario.

“Además puede generar graves efectos en materia de impunidad, no sólo de los crímenes más graves que se han cometido en la historia de Chile, como son cometidos durante la dictadura militar, sino que también para los criminales más peligrosos que tenemos en nuestros establecimientos penitenciarios a lo largo del país”, añadió.

¿Cómo surgió el proyecto?

La iniciativa del proyecto tuvo su origen en una moción de los senadores y senadoras: Francisco Chahuán (Evópoli), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel (Evópoli).

Cuando presentaron el proyecto, afirmaron: “Lo que pretende este proyecto es que se considere al privado de libertad como un sujeto de derechos que debe ser protegido e incentivado en la inserción social y no como un súbdito de la Administración que solo tiene obligaciones”.

Siguiendo la línea de argumentos, justificaron que “no existe actualmente en el Derecho occidental una restricción jurídica o moral para que un determinado grupo vulnerable de la población penal pueda acceder a cumplir su pena fuera de la cárcel”, en referencia a que en democracias occidentales esto es permitido.